Comerciantes del tianguis de Quezada, en el municipio de Rioverde, denunciaron públicamente a una empleada del área de Giros Mercantiles del ayuntamiento, identificada como Citlalli Orozco, por presuntos actos de abuso de autoridad, cobros indebidos y robo de mercancía.
De acuerdo con los testimonios de los locatarios, la funcionaria ha sido señalada previamente por presuntamente presionar a vendedores para entregar credenciales de elector con el fin de afiliarlos al Partido Verde, condicionando la permanencia de sus espacios de venta.
Las quejas, acompañadas de videos difundidos entre comerciantes y en redes sociales muestran a la funcionaria portando prendas de vestir y un teléfono celular. Según los denunciantes, estos objetos habrían sido retirados de puestos de venta como forma de cobro cuando los comerciantes no cuentan con recursos para pagar el uso del espacio.
Los vendedores aseguran que, en ocasiones, las cuotas son exigidas incluso cuando no han registrado ventas durante la jornada. Señalan que, ante la falta de ingresos, la funcionaria procede a tomar mercancía o pertenencias personales para cubrir el monto solicitado.
Otra de las inconformidades expresadas por los comerciantes es que algunos emprendimientos se encuentran instalados frente a sus propias viviendas. Sin embargo, afirman que la empleada municipal acude a exigir el pago de los espacios, en ocasiones mediante gritos o insultos, incluso frente a familiares y menores de edad.
En uno de los incidentes relatados, los locatarios señalaron que, al negarse a pagar debido a que se encontraban vendiendo frente a su propiedad y no habían tenido ventas, la funcionaria presuntamente tomó prendas de vestir y un teléfono celular del puesto. Al reclamarle, aseguran que respondió desafiándolos a llamar a la policía y afirmó contar con protección del alcalde Arnulfo Urbiola Román.
Los comerciantes indicaron que estas conductas no son aisladas y que han presentado denuncias ante autoridades municipales; sin embargo, aseguran que no se han observado cambios en la situación.
Ante lo que consideran un patrón de abuso y falta de respuesta institucional, los vendedores decidieron hacer públicas sus inconformidades con la intención de que las autoridades correspondientes investiguen los hechos.
Con información de Zona Potosina
