La llegada de Fabián Espinosa Díaz de León a la presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí inició bajo cuestionamientos por un posible conflicto de interés que el propio funcionario evitó aclarar.
“El principal reto es conjuntar a la ciudadanía. Decirles a la ciudadanía que necesitamos empoderarnos. La presidencia sola no tiene ninguna fuerza”, afirmó en su primer mensaje.
El nuevo presidente del órgano ciudadano señaló que buscará articular a municipios, universidades, cámaras empresariales y al propio gobierno estatal en una estrategia conjunta para combatir la corrupción y generar mayor involucramiento social.
Sin embargo, el discurso de participación y transparencia contrastó con la postura que asumió cuando fue cuestionado sobre el litigio legal que mantiene con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), derivado del conflicto por el proyecto inmobiliario denominado Distrito Santa Fe.
El caso está relacionado con el arrendamiento de un terreno universitario aprobado en 2023 y posteriormente rescindido por desacuerdos sobre el uso del predio. Actualmente el litigio continúa sin resolución definitiva.
Ante pregunta expresa de Central San Luis sobre el estado del proceso judicial y la existencia de una posible carpeta de investigación, Espinosa evitó responder y pidió explícitamente no abordar el tema durante la ceremonia de toma de protesta.
Incluso cuando se le planteó la posibilidad de un conflicto de interés —en caso de que el Sistema Estatal Anticorrupción tuviera que analizar algún asunto relacionado con la UASLP— el nuevo presidente del CPC rechazó profundizar en la respuesta.
“Vamos a hacer todo con la legalidad que se requiere, pero insisto, mis actividades personales ahorita son de menor interés ante esta gran responsabilidad que tengo”, declaró.
Posteriormente volvió a pedir a los reporteros posponer el tema.
“Yo fui director de comunicación social, conozco las preguntas y conozco las respuestas. Si ustedes me ayudan, no lo combinen y lo platicamos mañana o pasado mañana, pero no lo combinemos el bautizo con la primera comunión”.
La negativa a explicar con claridad la naturaleza del litigio ni los posibles efectos que podría tener sobre su función pública deja abierta una interrogante central: cómo garantizar la imparcialidad de quien encabeza el órgano ciudadano encargado precisamente de vigilar la integridad institucional y el combate a la corrupción.
El cuestionamiento cobra mayor relevancia si se considera que el CPC forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y tiene entre sus funciones participar en la elaboración de políticas públicas en materia de transparencia, prevención de faltas administrativas y promoción de la participación ciudadana.
Además, el propio Espinosa reconoció que su llegada al cargo se dio en un proceso con escasa participación social. De acuerdo con sus declaraciones, en la convocatoria pública emitida por el comité de selección apenas se registraron tres aspirantes.
Espinosa Díaz de León fue designado en diciembre de 2025 como integrante numerario del CPC por un periodo de 11 meses, dentro del esquema de renovación escalonada del organismo.
