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Congreso aprueba desaparición de la CEGAIP y transfiere funciones de transparencia al Ejecutivo

El Congreso aprobó la desaparición de la CEGAIP y transfirió sus funciones de transparencia al Ejecutivo y órganos internos, con 21 votos a favor y cinco en contra.

Con 21 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que elimina a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y redistribuye sus atribuciones entre instancias del Poder Ejecutivo y los órganos internos de control de cada ente público. La modificación redefine el esquema local de vigilancia en materia de transparencia y acceso a la información.

La reforma establece que la función principal de tutela recaerá en un organismo desconcentrado adscrito a la Contraloría General del Estado. A su vez, los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos y dependencias públicas, asumirán de manera directa la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia mediante sus áreas internas.

Desde la mayoría legislativa, integrada por diputados del PVEM, PT y MC, se sostuvo que la medida responde a la armonización con la reforma federal en la materia y busca evitar duplicidades administrativas. Los promoventes, Carlos Arreola Mallol y Diana Ruelas Gaitán, afirmaron que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales se mantienen vigentes, aunque bajo un rediseño institucional.

En contraste, legisladores del PAN y del PRI votaron en contra al advertir que la desaparición de un órgano autónomo debilita los contrapesos frente al poder público. El diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que trasladar las funciones de transparencia a los propios poderes podría dificultar la revisión del uso de recursos públicos y limitar el acceso a la información.

Aunque durante la discusión se plantearon cuestionamientos sobre la implementación del nuevo modelo, la iniciativa se avaló por mayoría. El decreto deberá ratificarlo la mayoría de los ayuntamientos del estado. Tras la declaratoria de validez y su publicación en el Periódico Oficial, el Congreso contará con un plazo de hasta 120 días naturales para emitir la legislación secundaria que formalice la extinción del organismo, el cual continuará operando de manera transitoria hasta que concluya el proceso.

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