El Congreso del Estado de San Luis Potosí reconoció oficialmente que no dispone de recursos económicos para llevar a cabo las consultas públicas ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), requisito indispensable para cumplir con sentencias emitidas desde julio de 2023 relacionadas con derechos de grupos minoritarios.
La admisión quedó asentada en una respuesta enviada a la SCJN, derivada de una solicitud de información promovida por el abogado Luis González Lozano, quien pidió conocer el grado de cumplimiento de las controversias constitucionales 141/2022 y 152/2022. Dichos recursos los interpretó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la reforma electoral aprobada en 2022, al considerar que el Poder Legislativo omitió consultar previamente a comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, pese a que las modificaciones legales impactaban directamente en sus derechos.
De acuerdo con la información notificada al máximo tribunal, el 9 de diciembre pasado la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso estatal informó que carece de presupuesto para realizar la consulta pública ordenada en el fallo, por lo que se encuentra a la espera de nuevas determinaciones para continuar con el procedimiento. Ante esta situación, la SCJN indicó que no puede emitir un pronunciamiento definitivo, ya que la sentencia permanece en etapa de cumplimiento.
El propio González Lozano había solicitado a finales de 2025 que la Corte actualizara el estado del proceso, lo que derivó en la respuesta recibida el 12 de enero. En ella se precisa que el tribunal requirió al Congreso informar sobre avances concretos para acatar la resolución judicial.
Cabe recordar que, en junio de 2025, el Congreso del Estado estimó en alrededor de ocho millones de pesos el costo necesario para organizar la consulta pública dirigida a los sectores involucrados, monto que hasta ahora no se cubrió ni asignó formalmente.
