El Congreso del Estado de San Luis Potosí suspendió por completo sus funciones legislativas y administrativas durante un receso de 15 días, marcando un hecho sin precedentes en los últimos años. Desde el pasado viernes 18 de julio, tanto legisladores como personal operativo dejaron sus oficinas cerradas, interrumpiendo incluso las sesiones de la Comisión Permanente.
La decisión generó desconcierto entre trabajadores del recinto, quienes afirmaron que se les notificó con escasa anticipación y sin explicaciones claras. Según relataron empleados consultados —bajo condición de anonimato—, la instrucción llegó apenas dos semanas antes del cierre: “Nos dijeron que era por una nueva disposición legal, pero nadie ha visto ese supuesto cambio en la ley”.
Fuentes internas señalan que la medida la impulsó la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Héctor Serrano Cortés. Se trataría, presuntamente, de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual se utilizó como fundamento para decretar el receso. Sin embargo, ni dicha reforma se publicó oficialmente ni se informó de manera pública al respecto.
El periodo de inactividad se prolongará hasta la segunda semana de agosto, dejando en pausa dictámenes legislativos, gestiones ciudadanas y otros procesos institucionales. La falta de una comunicación transparente y oficial ha desatado críticas tanto dentro como fuera del Congreso, alimentando cuestionamientos sobre el manejo interno del Poder Legislativo y la ausencia de criterios claros para decisiones de este calibre.
