El Congreso de San Luis Potosí enfrenta un freno en el cumplimiento de las consultas dirigidas a comunidades indígenas y personas con discapacidad, luego de reconocer que no dispone del presupuesto necesario para llevarlas a cabo, pese a que fueron ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La estimación financiera presentada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ubica el costo total entre 18 y 20 millones de pesos. De ese monto, entre 12 y 14 millones corresponderían a la consulta indígena, mientras que la consulta en materia de discapacidad requeriría entre 4 y 6 millones de pesos. El cálculo toma como referencia los más de 8 millones ejercidos en un proceso similar en 2022, ajustados por inflación y por los requerimientos operativos actuales, como personal técnico, traductores, logística, traslados y trabajo en territorio.
El avance del proceso permanece detenido en su segunda etapa, relacionada con la disponibilidad de recursos. Así lo informó el diputado Héctor Serrano Cortés, quien explicó que la ruta establecida por la SCJN contempla 13 fases. Aunque el Congreso ya formalizó la figura del “ente consultante”, no ha podido avanzar hacia la implementación debido a la falta de suficiencia presupuestal.
La situación se complica por el marco legal vigente. A partir de este año, entró en vigor una reforma que impide a las legislaturas estatales autorizar o ejercer incrementos reales en su presupuesto aprobado para 2026 y años posteriores. Esta disposición, avalada por el propio Poder Legislativo local, cerró la posibilidad de reasignar o ampliar recursos para cubrir el costo de las consultas.
Ante este escenario, el área jurídica del Congreso analiza alternativas para cumplir con la resolución judicial. Entre ellas, se contempla solicitar a la SCJN la viabilidad de ajustar algunos mecanismos del procedimiento establecido en la legislación indígena, con el objetivo de reducir costos. Sin embargo, cualquier modificación dependerá también de la aceptación de las comunidades involucradas.
La falta de recursos mantiene en pausa un proceso obligatorio, lo que coloca al Poder Legislativo en una situación de incertidumbre respecto al cumplimiento de las disposiciones judiciales.
