A pocos días de que venza el plazo para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el acuerdo sobre consultas públicas, el Congreso de San Luis Potosí aún no cuenta con la empresa encargada del proceso ni con la batería de preguntas que se someta a validación.
El diputado Héctor Serrano Cortés, integrante de la Junta de Coordinación Política, confirmó que la fecha límite es el 30 de marzo y reconoció el rezago en la preparación de los elementos clave para cumplir con el mandato judicial.
Explicó que, tras una experiencia previa en la que se destinaron alrededor de 8 millones de pesos a una empresa que no ejecutó adecuadamente las consultas —lo que derivó en su invalidación—, el Congreso busca evitar errores similares. En ese contexto, se intentó involucrar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero este declinó participar, por lo que nuevamente se analiza la contratación de un proveedor externo.
El legislador indicó que aún no se define qué empresa se seleccioné, aunque se pretende que cuente con experiencia en el área. Señaló también que se evalúan diferencias técnicas entre ejercicios de consulta y encuestas, lo que ha retrasado la toma de decisiones.
Respecto a las fallas anteriores, sostuvo que no estuvieron relacionadas con el contenido de las consultas, sino con aspectos procedimentales en su entrega y validación, como tiempos y requisitos legales. Añadió que no han recibido orientación directa de la Corte para mejorar el proceso, por lo que continúan a la espera de lineamientos más claros.
Además, destacó que el Congreso enfrenta limitaciones presupuestales, lo que obliga a gestionar recursos adicionales ante el Ejecutivo estatal. Aunque no hay cotizaciones definidas, se toma como referencia el gasto realizado en el ejercicio pasado.
Serrano Cortés precisó que será la Suprema Corte la instancia encargada de revisar y validar las preguntas que se formulen, mismas que aún no se han elaborado.
Ante señalamientos de organizaciones como el Observatorio Indígena, que cuestionan la subcontratación del proceso, el legislador aseguró que no se evade responsabilidad, siempre que las consultas se realicen conforme a la ley y con supervisión judicial.
Las consultas tienen como objetivo recabar la opinión de pueblos indígenas, comunidades originarias y personas con discapacidad sobre distintas iniciativas legislativas.
