El Congreso de San Luis Potosí continuará operando con su nivel actual de presupuesto, al encontrarse dentro de los parámetros planteados por la reforma electoral conocida como “Plan B”, que propone topes al gasto de los poderes legislativos locales.
La iniciativa federal busca establecer un límite cercano al 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los congresos, con el objetivo de reducir costos, homologar criterios a nivel nacional y redirigir recursos hacia áreas prioritarias como obra pública y servicios.
En este contexto, el Poder Legislativo potosino ejerce actualmente entre el 0.45 y el 0.50 por ciento del presupuesto estatal, lo que representa un monto aproximado de entre 326 y 340 millones de pesos, dentro de un gasto total cercano a los 70 mil millones. Esta proporción lo coloca por debajo del tope previsto en la propuesta.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, indicó que no se prevén ajustes en el presupuesto bajo las condiciones actuales, aunque señaló que existe la posibilidad de gestionar recursos adicionales en caso de requerimientos específicos, siempre bajo criterios de legalidad y transparencia.
El legislador también destacó que, en comparación con otros congresos estatales del país, el de San Luis Potosí se ubica entre los de menor gasto en proporción a su número de integrantes, por lo que consideró que el presupuesto vigente es suficiente para su operación.
La postura del Congreso local apunta a mantener una política de austeridad sin modificar su estructura de financiamiento, en línea con los parámetros que se discuten a nivel nacional.
