La opacidad y el despilfarro de recursos públicos han alcanzado niveles escandalosos en la actual legislatura. Según una investigación de Ciudadanos Observando, la contratación de personal por honorarios se ha disparado sin control, alcanzando la alarmante cifra de 194 personas, lo que representa un costo mensual de 4 millones 424 mil 583 pesos para el erario.
Un análisis de la evolución de este esquema de contratación en las últimas cinco legislaturas (LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV) revela una tendencia preocupante: hace apenas dos años, el número de trabajadores bajo este régimen era de 84, pero hoy la cifra más que se ha duplicado sin ninguna justificación aparente.
La falta de regulación y el uso discrecional de estas plazas han permitido la infiltración de empleados que no desempeñan funciones reales, los tristemente célebres “aviadores”. Todo apunta a que este crecimiento en la nómina obedece más a pago de favores políticos que a una verdadera necesidad operativa. No existe un marco normativo claro que regule estas contrataciones, lo que deja la puerta abierta al abuso y la corrupción.
Uno de los casos más evidentes es el de 14 personas cercanas al diputado Héctor Serrano, cuyo costo mensual asciende a 627 mil pesos. Entre los nombres beneficiados aparecen Gerardo Romero Vázquez, José Nicolás Albarrán García y Jorge Arturo Apatenco Serrano, quienes, según los contratos, ostentan el ambiguo cargo de «auxiliares generales administrativos», una denominación que anteriormente encubría a los llamados “asesores”, pero sin que se detallen funciones específicas o resultados concretos de su trabajo.
La gran incógnita es ¿cómo es posible que en la LX Legislatura 84 empleados fueran suficientes para realizar el mismo trabajo que ahora requiere de 194? La respuesta parece apuntar a un esquema de control político y clientelismo que favorece a actores como Héctor Serrano, quien, a pesar de su largo historial en la política —ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ex dirigente del PT en el estado y actual diputado plurinominal por el Partido Verde—, sigue manejando con total impunidad los recursos del Congreso.
