La falta de criterios claros para turnar iniciativas en el Congreso del Estado ha puesto en evidencia un vacío normativo que afecta directamente la labor de la Comisión de Igualdad de Género. Durante una sesión legislativa, la diputada Gabriela López Torres advirtió que reformas vinculadas con los derechos de las mujeres se enviaron indistintamente a Igualdad de Género o a la Comisión de Justicia, sin un fundamento uniforme ni una justificación sólida.
La legisladora señaló que esta práctica debilita el papel de la Comisión de Igualdad, que debería dictaminar asuntos relacionados con la atención, protección y derechos de las mujeres, y no limitarse a emitir opiniones. Subrayó que “no porque una iniciativa contenga la palabra justicia debe asumirse que es materia penal”, en referencia a las decisiones discrecionales tomadas por las áreas técnicas encargadas de los turnos parlamentarios.
Uno de los proyectos que detonó la discusión propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de facultar al Ministerio Público para ordenar de manera inmediata que la persona agresora desocupe el domicilio conyugal. El objetivo es garantizar que las mujeres y sus hijas e hijos puedan permanecer en su hogar con seguridad y estabilidad.
López Torres también destacó la necesidad de crear una Unidad de Igualdad de Género dentro del Congreso, que brinde acompañamiento legislativo, capacitación y revisión de iniciativas con enfoque especializado, tal como lo hacen otras áreas técnicas como el Instituto de Investigaciones Legislativas.
La diputada adelantó que presentará una iniciativa para precisar en la Ley Orgánica del Poder Legislativo las atribuciones de la Comisión de Igualdad de Género, de manera que los asuntos relacionados con mujeres no dependan de interpretaciones administrativas, sino de un marco jurídico definido.
Actualmente, la normativa solo establece de forma general que la comisión debe conocer, dictaminar y emitir opinión sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres, además de fungir como enlace con organizaciones y coordinar el Parlamento de las Mujeres. En contraste, la Comisión de Justicia sí cuenta con atribuciones claramente delimitadas en materias penal, civil y administrativa, lo que evidencia la desigualdad normativa en el funcionamiento de ambas instancias.
