Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Gobernación del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobaron el dictamen que reforma la Constitución local para suprimir a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como organismo autónomo y redistribuir sus atribuciones entre dependencias del Poder Ejecutivo y órganos internos de control de cada ente público.
La propuesta, que integra iniciativas de las y los legisladores Sara Rocha Medina, Carlos Arreola Mallol y Diana Ruelas Gaitán, la avalaron con modificaciones y plantea un rediseño institucional del sistema estatal de transparencia. Con ello, desaparece de la Constitución la figura de un órgano independiente encargado de tutelar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
De acuerdo con el dictamen, en el caso de la administración pública estatal y los municipios, estas funciones las asumirá un organismo desconcentrado adscrito a la Contraloría General del Estado, bajo la estructura del Poder Ejecutivo. Este nuevo ente tendrá facultades para revisar procedimientos, verificar el cumplimiento de obligaciones y aplicar sanciones. En tanto, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos autónomos deberán garantizar directamente estos derechos a través de sus propios órganos internos de control.
El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el ajuste responde a la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, mediante la cual se extinguió el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), con el argumento de reducir duplicidades administrativas y optimizar recursos.
El decreto establece un periodo transitorio: la CEGAIP continuará operando hasta que el Congreso expida la legislación secundaria correspondiente, para lo cual se fija un plazo de hasta 120 días naturales. Durante ese lapso se realizará la transferencia de recursos materiales, plataformas electrónicas, archivos y personal al nuevo esquema institucional.
Asimismo, se precisa que las resoluciones, contratos y acuerdos emitidos por la Comisión mantendrán su validez jurídica y los asumirán las instancias que hereden sus atribuciones. El personal conservará sus derechos laborales para incorporarse al nuevo órgano, mientras que los comisionados concluirán sus funciones una vez que entre en vigor el nuevo marco legal.
Someterán el dictamen a votación del Pleno este martes 24 de febrero y, de aprobarse, se enviará a los ayuntamientos como parte del proceso de reforma constitucional local.
