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Contraste entre acoso a periodista potosino evidencia riesgos para la prensa local

José Guadalupe Torres Sánchez niega violencia contra Anahí Torres, quien denunció hostigamiento tras revelar presunta red de espionaje en SLP.

El secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, rechazó que funcionarios estatales hayan cometido actos de violencia o acoso contra la periodista Anahí Torres, quien denunció públicamente haber sufrido un atentado y hostigamiento luego de publicar información sobre una presunta red de espionaje en la administración de Ricardo Gallardo Cardona.

Durante una entrevista, Torres Sánchez aseguró que “ningún funcionario del Gobierno del Estado ha generado algún tipo de violencia contra la persona”, aunque admitió desconocer si los hechos denunciados ocurrieron y dejó en manos de la Fiscalía la investigación del caso.

El funcionario enfatizó el compromiso del gobernador con la libertad de expresión y la labor periodística, destacando cursos de profesionalización y acompañamiento ofrecidos por la administración. “Si en algún estado se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, ese es San Luis Potosí”, aseguró, en un tono que contrasta con las denuncias públicas de la reportera.

La periodista Anahí Torres, sin embargo, relató ante la presidenta Claudia Sheinbaum que el pasado 2 de octubre sufrió un atentado junto con dos compañeros, luego de dar a conocer información que, según ella, “incomodó visiblemente al gobernador”. Torres alertó sobre un ambiente de intimidación en la entidad, donde periodistas, ambientalistas y ciudadanos se enfrentan a riesgos por ejercer su derecho a cuestionar al poder.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum ordenó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina, revisar las denuncias y considerar medidas de protección para la periodista, así como evaluar las acusaciones sobre espionaje, hostigamiento y censura en San Luis Potosí.

El contraste entre la negación oficial y las denuncias públicas evidencia la tensión entre la administración estatal y la prensa local, así como la percepción de impunidad y falta de garantías efectivas para la labor periodística en la entidad.

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