El Poder Judicial de San Luis Potosí inició 2025 bajo una presión sin precedentes: miles de expedientes pendientes, acumulados durante años y heredados por administraciones anteriores, mantienen al sistema al borde de la saturación. La nueva dirigencia reconoció que recibió causas con rezagos prolongados que superan la capacidad operativa actual, aun cuando la institución cuenta con 14 magistraturas y 62 jueces.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia 2025 del INEGI, la situación crítica incrementó durante 2024. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado registró cuatro mil 835 nuevas causas penales, pero cerró el año con cinco mil 528 pendientes, lo que representa un aumento del rezago cercano al 14 por ciento. En contraste, solo alrededor del nueve por ciento de los asuntos penales en trámite lograron resolverse. La mayoría de estos casos corresponden a personas adultas y un porcentaje menor involucra a adolescentes.
El problema no se limita al ámbito penal. Los juzgados de primera instancia enfrentaron una carga de más de 42 mil nuevos expedientes en 2024, pero solo pudieron concluir el 46 por ciento. La mitad de estos procesos corresponde a la materia familiar, lo que dejó recursos y personal insuficientes para atender otras áreas jurisdiccionales.
La combinación de expedientes heredados, alta demanda de ingreso y bajas tasas de resolución configura un desafío estructural para el sistema judicial potosino en 2026, que deberá enfrentar un escenario de presión constante para disminuir la acumulación y mejorar su capacidad de respuesta.
