El transporte de carga en México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. San Luis Potosí se ubica entre las seis entidades más riesgosas para esta actividad, junto con Estado de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz. La situación amenaza con fracturar las cadenas de suministro y generar un efecto dominó en la economía nacional.
En los primeros seis meses de 2024, se han registrado más de 24,000 asaltos a transportistas, un promedio superior a 30 incidentes diarios. Estas cifras se traducen en pérdidas que superan los 72 mil millones de pesos, afectando a toda la industria logística. Según empresarios del sector, mover mercancías se ha convertido en una tarea de alto riesgo, con un intento de robo cada 50 minutos en carreteras estratégicas.
San Luis Potosí, pieza esencial del corredor industrial del Bajío, sufre una escalada de violencia que ha puesto en jaque tanto a transportistas como a empresas. La limitada presencia policial en tramos federales y la sofisticación de los grupos criminales agravan el problema. Pese a cuantiosas inversiones en escoltas, tecnología satelital y protocolos de seguridad, las bandas delictivas se mantienen un paso adelante.
Entre los objetivos más frecuentes de los asaltantes figuran electrónicos, ropa de marca, alimentos, refacciones automotrices e incluso cargamentos de tequila valuados en más de 250 mil dólares. Operadores de carga denuncian que la seguridad es prácticamente inexistente y que la impunidad alienta nuevos ataques. “Nuestros choferes viven con miedo constante”, señalan representantes del gremio.
El problema se intensifica por la falta de denuncias formales. Muchas víctimas han dejado de acudir a las autoridades por desconfianza o ante prácticas que desalientan la legalidad. En un caso reportado, una empresa pagó 38 mil pesos únicamente para formalizar una denuncia. La situación ha llevado a varias compañías a incluir el robo parcial como un factor inevitable en sus proyecciones logísticas.
Ante este panorama, el sector empresarial exige acciones concretas y urgentes por parte de las autoridades para contener la violencia en carreteras, garantizar la seguridad de los operadores y proteger el flujo de mercancías que sostiene buena parte de la actividad económica del país.
