El abogado y defensor de derechos humanos Luis González Lozano, director general de la organización civil Cambio de Ruta, A.C., presentó un escrito formal dirigido al gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, y al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en el que denuncia declaraciones públicas que, afirma, criminalizan la defensa jurídica del medio ambiente.
En el documento, González Lozano señala que diversas manifestaciones atribuidas a autoridades estatales —registradas en audio y video— responsabilizan a la organización y de manera indirecta a su persona de presuntas pérdidas económicas, afectaciones al desarrollo y posibles responsabilidades legales o penales, derivadas de la promoción de juicios de amparo en materia ambiental. El abogado sostiene que dichos señalamientos deslegitiman el ejercicio de derechos constitucionales, como el acceso a la justicia, la participación pública en asuntos ambientales y la defensa de derechos humanos.
El escrito subraya que la interposición de amparos es un mecanismo legal previsto en la Constitución y no puede considerarse una conducta ilícita ni contraria al interés público. Por el contrario, afirma, se trata de una herramienta esencial para garantizar que los actos de autoridad se apeguen a la legalidad, a los principios ambientales y al respeto de los derechos humanos.
González Lozano advierte que la estigmatización de personas defensoras por parte de autoridades contraviene el Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por México, el cual obliga al Estado a prevenir actos de intimidación, amenaza o criminalización contra quienes defienden el medio ambiente. Añade que este tipo de declaraciones genera un efecto inhibidor en la participación ciudadana y en el trabajo de las organizaciones civiles.
Ante este contexto, el defensor solicita la aclaración y rectificación pública de cualquier expresión que sugiera que la defensa jurídica ambiental es reprochable; que el Gobierno del Estado se abstenga de realizar manifestaciones que puedan interpretarse como intimidatorias; y que se garantice un entorno seguro para la participación ciudadana y la defensa del medio ambiente.
El escrito lo remitieron para su conocimiento y seguimiento, a diversas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fiscalías federal y estatal, así como a organismos internacionales de protección de derechos humanos y a medios de comunicación, con el objetivo de dejar constancia institucional de los hechos denunciados.
