Ángel Santiago Hernández, operador político de Ricardo Gallardo y Guadalupe Torres en su intento por controlar aún más al Poder Judicial, defendió su designación como magistrado del Supremo Tribunal, a pesar de reconocer que no concluyó sus estudios universitarios con un promedio mínimo de 8.
En el reciente proceso de renovación del Poder Judicial se eligió a Santiago Hernández. Su nombre figuró entre los incluidos en los “acordeones” distribuidos por el Gobierno del Estado para asegurar su triunfo en una contienda supuestamente “democrática”.
El ahora magistrado electo justificó su nombramiento y argumentó que su experiencia dentro del mismo Poder Judicial le otorga el derecho a un “pase directo”, aunque su promedio académico apenas alcanzó el 7.5.
En condiciones similares se encuentran otros tres magistrados y magistradas electas, todos con vínculos cercanos al gallardismo: Arturo Morales Silva, actual presidente del Poder Judicial; José Luis Ruiz Contreras, exfiscal y exsecretario de Seguridad; Mónica Kemp Zamudio; y el propio Ángel Gonzalo Santiago Hernández.