Dos extrabajadoras del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) denunciaron al magistrado Claudio N., integrante de la Sala Superior, por presunto acoso sexual, hostigamiento laboral, abuso de poder y corrupción. A casi un año de haber presentado las querellas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y el Órgano Interno de Control, ambos expedientes permanecen sin resoluciones ni avances significativos, según señalaron.
Las denunciantes —quienes solicitaron anonimato— afirmaron que entregaron más de 200 pruebas, entre documentos, conversaciones, ubicaciones y material audiovisual, sin que las autoridades hayan impulsado el proceso. “Lleva 11 meses y no ha avanzado; él sigue en su cargo”, comentó una de ellas.
Relataron que el magistrado ejercía presiones y conductas de índole sexual, además de solicitar dinero a cambio de ascensos y favores laborales. Ambas describieron episodios de degradación laboral y malos tratos tras negarse a sus exigencias. También refirieron que enfrentaron insinuaciones, comentarios sobre su apariencia y conductas humillantes dentro del tribunal.
Las mujeres señalaron que las acusaciones contra el magistrado no son nuevas, pues existen antecedentes y reportes previos de conductas irregulares. Aseguraron que su permanencia en altos cargos se debe a supuestos vínculos políticos que, según ellas, han frenado acciones internas.
También cuestionaron la falta de apoyo institucional por parte de la magistrada presidenta del TEJA, Olvido Rodríguez Vázquez, quien —dijeron— conocía su situación, pero no activó mecanismos de protección cuando presentaron su renuncia.
Hace una semana, tras recibir finalmente medidas de protección, realizaron una manifestación pacífica afuera del tribunal. Aseguraron que el magistrado solicitó vigilancia policial y que elementos de la Guardia Civil lo escoltaron para salir del edificio, mientras a ellas se les impidió el acceso.
Indicaron que desde que denunciaron han recibido llamadas de personas cercanas al funcionario ofreciéndoles “arreglos”, mientras que él presentó una denuncia en su contra por presunto robo de un expediente, hecho que consideran una represalia.
Ambas afirmaron que continúan siendo objeto de hostigamiento y que la falta de actuación de las autoridades ha afectado su estabilidad laboral y emocional. Detallaron que desde hace más de un año reciben atención psicológica y psiquiátrica derivada de los hechos denunciados.
Las mujeres insistieron en que su intención al visibilizar su caso es prevenir que otras trabajadoras enfrenten situaciones similares dentro del Tribunal.
