Carolina Yáñez, empleada basificada adscrita a la Dirección de Control Patrimonial de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, denunció públicamente que el día de ayer le fue negado el acceso a su centro de trabajo en lo que calificó como un despido injustificado y sin notificación formal.
De acuerdo con su testimonio, la negativa de ingreso fue precedida por amenazas de despido y un proceso de hostigamiento laboral sostenido desde el 21 de mayo por parte de Christian Gerardo Sánchez Isaís, director de Control Patrimonial, y Jorge Luis Salazar Posadas, Director General de Servicios Administrativos de la Oficialía Mayor.
Según la denunciante, el acoso se tradujo en la eliminación de sus funciones asignadas, falta de indicaciones por parte de su jefe inmediato, y el retiro del mobiliario que tenía a su resguardo —incluida su computadora y silla secretarial— lo que la obligó a trabajar de pie, sentada en el suelo o sobre el escritorio desde el 20 de junio. Además, afirmó que algunos compañeros se sumaron a acciones para perjudicarla.
Carolina Yáñez indicó que solicitó desde hace días apoyo y asesoría a su sindicato, que le ha brindado representación. También acudió el lunes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí para solicitar acompañamiento de un observador ante el presunto “mobbing”, aunque señala que la intervención ya no se concretó porque le fue impedido el ingreso al centro de trabajo.
Adicionalmente, denunció actos de intimidación fuera del recinto laboral. Según su declaración, cuatro oficiales de la Guardia Civil Estatal, sin portar identificación visible, la habrían amedrentado el día de ayer al retirarse del lugar. Este jueves —aseguró— personal uniformado tomó fotografías de su vehículo y del de un familiar que la acompañaba como testigo, además de transmitir sus datos por radio.
La trabajadora hizo un llamado público para dejar constancia de lo que considera actos de hostigamiento, acoso laboral e intimidación, y advirtió que continuará con las gestiones legales y de denuncia correspondientes.
Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Oficialía Mayor ni de la Dirección de Control Patrimonial respecto de las acusaciones.
