Diputados locales, encabezados por Héctor Serrano Cortés, han desatado lo que varios describen ya como una ofensiva política contra el notario Raúl Martínez Quirós Estrada, titular de la Notaría 5 en Ciudad Valles. Detrás del conflicto se encuentra una reforma a la Ley del Notariado, aprobada a toda prisa el 22 de diciembre de 2024, cuya verdadera finalidad —según denuncias— era allanar el camino para Ana Laura Burciaga Enríquez, rival de Martínez Quirós en la disputa por la Notaría 9 de la capital potosina.
Documentos judiciales revelan que Martínez Quirós promovió un amparo alegando que dicha reforma fue diseñada de forma ilegal para favorecer a Burciaga Enríquez, quien, para mayor agravio, no cumple con el requisito elemental de contar con título de abogada. La gravedad del caso es evidente: de confirmarse las acusaciones, se habría vulnerado el marco jurídico en favor de una aspirante carente de las credenciales mínimas exigidas por la ley.
La maniobra legislativa impulsada por Serrano Cortés ha encendido alertas sobre las motivaciones reales detrás de su intervención. Su trayectoria política no abona precisamente a la confianza: durante su paso como secretario de Gobierno en la Ciudad de México (2012-2015) bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, Serrano enfrentó serias acusaciones sobre su propia formación profesional, pues habría ejercido funciones legales sin haber concluido la carrera de Derecho, según diversas investigaciones periodísticas.
A esta sombra se suma una mancha aún más grave. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada en 2020 documentó que Serrano estuvo vinculado a una red de espionaje político operada desde un inmueble en la calle Manuel Márquez Sterling. Desde allí, bajo su coordinación, se vigiló ilegalmente a políticos de alto perfil, incluyendo a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum y a figuras de Morena como Ricardo Monreal y Martí Batres. Un antecedente que habla de prácticas de poder oscuras y ajenas a cualquier estándar democrático.
Hoy, la pregunta es inevitable: ¿qué interés tiene Serrano Cortés en torcer la ley para beneficiar a una candidata sin título profesional? Se advierte que podría tratarse de una estrategia para instalar redes de lealtades personales y consolidar cuotas de poder local. Otros no descartan que se trate simplemente de pagar viejos favores políticos.
