Esta semana, numerosos estudiantes de la Universidad Politecnica de San Luis Potosí se encontraron sin clases debido al despido masivo de profesores, algunos con trayectorias de hasta 20 años en la institución. Estos despidos se atribuyen a la eliminación de un bono vital en diciembre y a la drástica reducción del salario por hora de 200 a 135 pesos, situando a algunos docentes por debajo del salario mínimo.
Además, el rector Néstor Garza Álvarez, quien asumió el cargo en noviembre de 2024 tras su gestión como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, obligó a los docentes y administrativos de tiempo completo a renunciar a sus contratos por tiempo indefinido, reduciendo sus salarios hasta en un 40%. Esta medida ha generado indignación en la comunidad universitaria, que ve en estas acciones un abuso de poder y una violación a los derechos laborales.
La crisis no solo afecta al personal académico y administrativo, sino también a los estudiantes, quienes pagan sumas considerables por semestres incompletos, enfrentan la falta de materias debido a la escasez de docentes y lidian con laboratorios deficientes y equipos sin licencias. Esta situación prolonga sus carreras universitarias, afectando su formación profesional y su futuro laboral.
Estas acciones contrastan con las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha afirmado que su gobierno es «humanista y cercano a los potosinos«, sin embargo, la realidad en la UPSLP refleja una sistemática precarización de la educación superior, evidenciando una desconexión entre el discurso oficial y las acciones implementadas.
