El gobierno municipal de Guadalcázar, encabezado por el alcalde Gumaro Verdín Puente, enfrenta señalamientos por presuntas prácticas sistemáticas de precarización laboral, retención de salarios y falta de cumplimiento de obligaciones patronales hacia trabajadores del Ayuntamiento, de acuerdo con denuncias ciudadanas y testimonios internos.
Según la información recabada, decenas de empleados municipales laboran sin recibos de nómina, sin contratos formales y sin acceso a seguridad social como IMSS o ISSSTE, lo que los mantiene fuera de cualquier esquema legal de protección laboral. A varios trabajadores también se les habría retirado la prima vacacional, eliminando prestaciones básicas establecidas por la ley.
La situación es especialmente grave entre el personal que se dedica a labores de limpieza urbana. Barrenderos y trabajadores de servicios esenciales no aparecen en la nómina municipal y se les registró como “apoyo social”, una figura administrativa que permitiría al Ayuntamiento evadir responsabilidades patronales mientras mantiene jornadas laborales completas.
A esta situación se suma la retención del aguinaldo correspondiente a diciembre del año pasado. De acuerdo con los señalamientos, alrededor de 120 trabajadores no recibieron esta prestación, ya que el recurso presuntamente se utilizó para financiar eventos decembrinos, bailes, regalos y celebraciones públicas organizadas por el gobierno municipal.
Los salarios percibidos por estos empleados se ubican por debajo del mínimo legal. Existen casos de trabajadores que reciben menos de seis mil pesos mensuales, e incluso pagos de aproximadamente 200 pesos diarios, sin prestaciones ni respaldo institucional, lo que refuerza un esquema de vulnerabilidad laboral.
El temor a represalias ha impedido que los afectados hagan públicas sus denuncias. Testimonios señalan que la advertencia desde la administración municipal es clara: podrían despedir a quien proteste o exponga la situación.
Un caso específico ilustra este patrón. Despidieron de manera repentina a un trabajador de aproximadamente 80 años, encargado durante años de la limpieza de la plaza principal. Posteriormente, la Presidencia Municipal habría intentado resolver el conflicto mediante un pago único de 40 mil pesos, inferior a lo que legalmente correspondía por su antigüedad. Tras rechazar el ofrecimiento y buscar asesoría legal, recontrataron al trabajador, lo que habría permitido cancelar cualquier obligación laboral acumulada.
