Hasta el 5 de junio de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) bajo la presidencia de Giovanna Itzel Argüelles solo había emitido dos recomendaciones formales por violaciones a derechos humanos en lo que va del año. En efecto, la Recomendación 1/2025 se dirigió al municipio de Matlapa (emitida en mayo de 2025) por las condiciones inhumanas de sus celdas preventivas, y la Recomendación 2/2025 se dirigió a la Secretaría de Educación del Estado (SEGE) a inicios de junio, tras documentarse omisiones graves en la atención de un caso de abuso sexual contra menores en una escuela. Esta cifra es extraordinariamente baja en comparación con administraciones anteriores en períodos equivalentes. Por ejemplo:
- En 2019, la CEDH emitió 30 recomendaciones en total.
- En 2020, se registraron 24 recomendaciones emitidas.
- En 2021, incluso con la transición de presidencia, se emitieron al menos 16 recomendaciones durante todo ese año.
- Aún en años recientes de la propia Argüelles, los números fueron mayores: 17 recomendaciones en 2022 y 22 en 2023, de acuerdo con reportes oficiales. El año 2024 cerró con 18 recomendaciones, considerada “la más baja en años«.
En contraste, mantener apenas dos recomendaciones a mitad de 2025 evidencia un desempeño significativamente inferior al estándar histórico de la comisión. Estas recomendaciones son el mecanismo público principal para denunciar y corregir violaciones a derechos humanos, por lo que su escasez ha encendido alertas sobre la eficacia y proactividad del organismo bajo la dirección de Argüelles.
Falta de atención y postura ambigua ante agresiones a periodistas, activistas y defensores
Diversos hechos sugieren que la actual ombudsperson ha mostrado escasa atención e incluso una actitud ambigua frente a agresiones contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en San Luis Potosí. Un ejemplo emblemático ocurrió a fines de 2024, cuando la presidenta de la CEDH sostuvo un altercado con una activista y víctima, María de Jesús Almendárez Prieto. Argüelles incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía acusando a esta activista, alegando haber “evitado un encuentro con su presunta agresora para no ser agredida verbalmente». La Fiscalía aclaró posteriormente que la propia Argüelles reconoció que sus lesiones no fueron provocadas por otra persona, sino por una caída por las escaleras, y la activista negó rotundamente haberla agredido, calificando todo como una “campaña de desprestigio” en su contra. Este incidente proyectó a la presidenta de la CEDH más como adversaria de una víctima-activista que como su defensora, dejando en entredicho su postura.
En el caso de los periodistas, también se han cuestionado las omisiones de la Comisión. La Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, por ejemplo, tuvo que hacer un llamado público a la CEDH para que actuara de oficio y se pronunciara ante una agresión misógina ocurrida en 2021 contra una comunicadora. En esa ocasión, se instó a la Comisión a iniciar una queja de oficio y condenar los hechos, pues hasta entonces no lo había hecho. Este exhorto implícitamente evidenció la falta de reacción inmediata de la CEDH ante agravios al gremio periodístico.
Asimismo, ha habido pronunciamientos ambiguos o insuficientes por parte del organismo. Si bien la CEDH en algunos casos ha emitido comunicados de condena (por ejemplo, agresiones a reporteros en Soledad en años pasados) estos han sido percibidos como el mínimo indispensable. Organizaciones de periodistas señalan que el mecanismo estatal de protección a periodistas permanece olvidado o sin acciones contundentes, y que el acompañamiento de la CEDH a comunicadores bajo amenaza es prácticamente inexistente. En resumen, la falta de firmeza y proactividad de Argüelles ante ataques a periodistas y activistas ha generado desconfianza en estos sectores sobre el compromiso real de la Comisión con su defensa.
Críticas públicas hacia la gestión de Giovanna Argüelles
La gestión de Argüelles al frente de la CEDH ha sido objeto de fuertes críticas por parte de actores sociales, prensa e incluso políticos de diversos partidos. Estas son algunas de las voces más destacadas:
- Organizaciones de la sociedad civil y víctimas: Con motivo de la reciente reelección de Argüelles (confirmada por el Congreso local a finales de mayo de 2025), colectivos ciudadanos y familiares de víctimas se manifestaron en contra de su continuidad. Durante la toma de protesta de Argüelles para un nuevo periodo, protestaron afuera del Congreso denunciando una CEDH “débil, inoperante y al servicio del gobierno”, según reportes periodísticos. Diversos colectivos y víctimas han expresado que perciben poco avance en la defensa de los derechos humanos en el estado bajo su mando. En particular, el Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, integrado por familiares de personas desaparecidas, anunció en mayo de 2025 que prepararía una solicitud de juicio político contra Argüelles por considerar que ha incurrido en omisiones que perjudican la labor de búsqueda de dicho colectivo. Este grupo acusó a la funcionaria de ignorar o entorpecer su trabajo, al punto de hablar de negligencia institucional. Por su parte, grupos de “madres buscadoras” convocaron a “intervenir” (tomar simbólicamente) el edificio de la CEDH en protesta por el “abandono” que sienten por parte de la institución encabezada por Argüelles. Dichas madres y activistas sostienen que la CEDH local no las acompaña ni da seguimiento efectivo en la búsqueda de sus familiares, lo que constituye —en sus palabras— una traición a la razón de ser del organismo.
- Periodistas y defensores de derechos humanos: Miembros del gremio periodístico también han alzado la voz. Aunque de forma más discreta, periodistas locales señalan que la CEDH de Argüelles guarda silencio o se queda en declaraciones generales ante las agresiones que han sufrido colegas por parte de funcionarios o grupos de poder. Un ejemplo claro fue el caso del periodista Omar Niño, quien denunció públicamente sufrir agresiones y persecución por parte de un funcionario estatal en 2023; en su testimonio señaló que el gobierno estatal actúa de forma “represora y violenta” contra la prensa, mientras que mecanismos de protección (que involucran a la CEDH) han fallado en proveerle amparo. La Red de Mujeres Periodistas también hizo pública su condena a agresiones misóginas contra una reportera en 2021, instando a la CEDH a intervenir. Estas acciones demuestran que, más que considerarla una aliada, sectores de prensa y activismo han tenido que presionar a la Comisión para que cumpla su papel.
- Representantes políticos: Desde el poder legislativo local han surgido igualmente cuestionamientos. El diputado Marco Gama Basarte (Movimiento Ciudadano) advirtió en mayo de 2025 que la CEDH presenta “deficiencias” en su labor, especialmente en el acompañamiento formal a las víctimas. Gama señaló que no basta con emitir recomendaciones de vez en cuando, sino que la Comisión debe mostrar disposición real para encontrar soluciones y dar atención personalizada a cada persona agraviada. Criticó que a la institución le “hacen falta dientes”, pues muchas recomendaciones emitidas no derivan en acciones concretas de las autoridades responsables. Esto, subrayó, impide soluciones efectivas y deja a las víctimas en el limbo. El legislador calificó de “incidente desafortunado” la existencia de órdenes de protección que impiden a Argüelles acercarse a al menos dos víctimas (derivado del conflicto con la activista antes mencionado) y enfatizó que lo esencial es escuchar a las personas afectadas en lugar de entrar en confrontaciones legales con ellas. Estas declaraciones reflejan la preocupación en el ámbito político por el pobre desempeño de la presidenta de la CEDH y su relación deteriorada con sectores que debería proteger.
En síntesis, el consenso entre muchos periodistas, activistas y políticos es que la gestión de Giovanna Argüelles al frente de la CEDH ha sido insatisfactoria y polémica. Se le acusa de falta de empatía con las víctimas, de omisiones en casos graves y de una cercanía con el gobierno estatal que comprometería la autonomía de la institución. Estas críticas públicas, provenientes de diversos frentes, han minado la credibilidad de la Ombudsperson y de la Comisión que dirige.
Señalamientos de omisiones y negligencia institucional
Varios reportes e investigaciones periodísticas han documentado omisiones importantes y posible negligencia por parte de la CEDH de San Luis Potosí durante la administración de Argüelles. Uno de los casos más ilustrativos es el de la desaparición de la niña Zoé Zuleica. Familiares de la menor (desaparecida desde 2015) denunciaron recientemente que la CEDH dio por cumplidas y concluidas las recomendaciones emitidas en ese caso, pese a que la niña sigue desaparecida. La madre de Zoé, Carolina Gómez Rocha, se inconformó al considerar inadmisible cerrar el expediente sin haber localizado a su hija. Durante la revisión del caso, salió a la luz que la CEDH falló en fincar responsabilidades administrativas contra autoridades que maltrataron a Carolina Gómez; en una ocasión, ella fue sacada a gritos y empujones por funcionarios cuando exigía avances, y no se le brindó búsqueda inmediata tras la denuncia de desaparición. Aun con tales evidencias de violación a sus derechos, la Comisión no señaló responsables ni insistió en sanciones, limitándose a dar por “capacitados” a los funcionarios involucrados. Esta falta de seguimiento y de exigencia de justicia constituye, según los afectados, una grave omisión institucional. «Lo más grave –destacó el abogado de la familia– es que no se realizó una búsqueda inmediata al momento de la denuncia», subrayando la negligencia en el actuar de las autoridades y la tibia reacción de la CEDH.
De igual forma, el Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros ha enumerado varias omisiones de la CEDH en materia de desapariciones: señalan falta de acompañamiento en diligencias de búsqueda, retraso en la apertura de quejas de oficio ante irregularidades evidentes y ausencia de pronunciamientos públicos firmes que visibilicen la crisis de desapariciones en el estado. Estas omisiones motivaron al colectivo a considerar mecanismos extraordinarios como pedir un juicio político contra Argüelles. En su anuncio público, el colectivo afirmó que la presidenta ha “cometido una serie de omisiones” que van en detrimento de la asociación y de su labor de rastreo de personas desaparecidas. Esta acusación sugiere negligencia reiterada de la CEDH en atender debidamente las quejas y demandas de este sector vulnerable.
Otro ámbito de posible negligencia es el seguimiento de las recomendaciones. Si bien la CEDH informa que la mayoría de sus recomendaciones son aceptadas por las autoridades, organizaciones civiles cuestionan qué tanto se vigila su cumplimiento real. Por ejemplo, de las 18 recomendaciones emitidas en 2024 –el número más bajo en años recientes– se desconoce cuántas han sido totalmente implementadas. Activistas señalan que emitir pocos pronunciamientos y, además, no darles seguimiento efectivo, equivale a una doble omisión: por un lado no se denuncia suficiente, y por otro las pocas denuncias no logran cambio tangible. El diputado Marco Gama resumió esta preocupación al decir que muchas recomendaciones “no derivan en acciones concretas” de las autoridades, quedando en papel mojado.
En conclusión, existen evidencias documentadas de omisiones por parte de la CEDH potosina bajo la gestión de Giovanna Argüelles. Desde no actuar de oficio en casos de agresiones a periodistas, pasando por no exigir sanciones a funcionarios abusivos en casos de víctimas, hasta cerrar casos polémicamente sin resolución de fondo, el desempeño de la Comisión ha quedado en entredicho. Estas fallas y negligencias señaladas en informes y por diversos actores fortalecen la percepción de un organismo pasivo e ineficiente, muy distante de la misión de proteger y promover activamente los derechos humanos en San Luis Potosí.
