Designaron a Luis Fernando González Macías, actual Fiscal Especializado en Delitos Electorales en San Luis Potosí como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), pese a que no presentó su renuncia al cargo que debía ejercer hasta diciembre de 2030. Junto a él, también se ratificó como magistrada a María del Carmen Quiroz Rodríguez, exdiputada federal y militante de Morena.
Ambos nombramientos formaron parte del paquete de 20 magistraturas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y avaladas en el Senado mediante la mayoría calificada de Morena y sus aliados, con 66 votos a favor y 32 en contra. La oposición advirtió que la mayoría de los perfiles aprobados mantienen vínculos políticos con la Cuarta Transformación, lo que, aseguraron, representa un riesgo para la independencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En el caso de González Macías, además de ser fiscal electoral que el Congreso del Estado de San Luis Potosí designó para el periodo 2023–2030, tuvo una relación directa con Morena, al fungir como representante jurídico del partido ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC). Anteriormente se destituyó como coordinador jurídico del Congreso local, luego de que sancionaran a siete diputadas por desacatar una sentencia federal relacionada con el caso de la magistrada María del Refugio González Reyes.
Por su parte, María del Carmen Quiroz Rodríguez, incluida en la lista de magistrados ratificados, se desempeñó como diputada local en anteriores periodos legislativos y continúa identificándose políticamente con Morena. Su designación la señalaron legisladores de oposición como un ejemplo más de la supuesta politización en el proceso de elección de magistrados, al considerar que responde a afinidades partidistas más que a criterios de independencia.
Durante la sesión, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reiteraron que varias de las personas ratificadas han ocupado cargos políticos o administrativos cercanos al oficialismo, por lo que advirtieron sobre una posible subordinación del TFJA a intereses de partido. Morena, PT y PVEM rechazaron estas acusaciones y defendieron que los perfiles cuentan con experiencia jurídica y que no responderán a ninguna fuerza política.
Pese a las críticas, los 20 magistrados, incluidos Luis Fernando González Macías y María del Carmen Quiroz Rodríguez, rindieron protesta en el pleno del Senado para un periodo de 10 años. Sin embargo, asumirán funciones hasta el 1 de enero de 2026, en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso y, en el caso del fiscal electoral potosino, sobre la legalidad de conservar su cargo estatal sin haber formalizado su separación.
