Mientras Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas, la andaba “rompiendo” en la gira por Japón, —a la que acudió sin una función específica, más allá de tomarse fotografías como si se tratara de un viaje de placer—, en la entidad potosina, las deudas del Gobierno estatal seguían acumulándose. En su ausencia, el único que dio la cara en algunos casos, aunque sin soluciones concretas, fue el secretario general J. Guadalupe Torres Sánchez.
Rumbo al cuarto informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, los adeudos se multiplican: desde los 13 millones de pesos que se deben a trabajadores en activo del Poder Judicial —quienes amagaron con manifestarse en el informe del magistrado saliente Arturo Silva Morales— hasta los casi 6 mil millones de pesos pendientes con la Dirección General de Pensiones.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una situación crítica: solo en 2025 se le adeudan casi 180 millones de pesos, y si los pagos no se regularizan antes del próximo mes de noviembre, podría verse obligada a un paro técnico.
Otros pasivos, aunque menores, también pesan: el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) reclama 21 millones de pesos, lo que ha puesto en riesgo el cumplimiento de las actividades que la ley le obliga.
La posibilidad de seguir contratando créditos quirografarios, estrategia a la cual han recurrido de forma reiterada para obtener liquidez parece agotada. Los últimos siete suman ya 3 mil 24 millones de pesos, casi al límite permitido por la Ley de Disciplina Financiera. Solo en intereses, hasta la primera mitad de 2025, se han pagado alrededor de 150 millones de pesos.
Aun así, tanto la secretaria de Finanzas como el gobernador consideraron “pertinente” que ella lo acompañara a Japón. Nadie tiene claro cuál fue su papel, pero a juzgar por las imágenes compartidas en redes sociales, su función se limitó a fotografiar al mandatario y fungir como animadora en las reuniones oficiales y entrevistas con medios de comunicación.
