El acceso a financiamiento público para organizaciones civiles en San Luis Potosí se volvió más limitado tras la actualización de las reglas del Fondo de Apoyo de Asistencia Social 2026, mediante las cuales el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estableció condiciones más estrictas para la asignación de 20 millones de pesos.
El nuevo esquema impone requisitos más rigurosos para las instituciones privadas interesadas, que deberán acreditar su situación legal, fiscal y operativa, además de presentar proyectos con resultados medibles. De no cumplir con estos criterios, las organizaciones quedarán excluidas del proceso de selección.
Entre los principales cambios destaca la reducción en los montos asignables, ya que cada beneficiario podrá recibir hasta 500 mil pesos, siempre condicionado a la disponibilidad presupuestal y a la evaluación técnica de las propuestas, lo que limita el alcance frente a la demanda existente en la entidad.
Las disposiciones también restringen el uso de los recursos, al prohibir que se destinen a gasto corriente o a fines distintos a los autorizados. El incumplimiento de estas reglas podría derivar en la cancelación inmediata del apoyo y en posibles sanciones por parte de instancias fiscalizadoras.
Otro de los nuevos filtros establece que las organizaciones no podrán depender en más del 33 por ciento de estos recursos dentro de su financiamiento total, lo que obliga a las asociaciones a diversificar sus fuentes de ingreso para poder acceder al programa.
Aunado a ello, el plazo para cumplir con el proceso se reduce de manera significativa: las instituciones tendrán solo 20 días hábiles para integrar y presentar su expediente completo tras la publicación oficial, lo que representa un reto adicional, especialmente para aquellas con menor capacidad administrativa.
Con estas modificaciones, el DIF estatal busca reforzar los mecanismos de control, transparencia y evaluación del gasto en programas de asistencia social, aunque las nuevas condiciones también podrían reducir el número de organizaciones con posibilidad de acceder a los recursos.
