En un intento por figurar en la arena legislativa, la diputada local Roxanna Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó este lunes una iniciativa de reforma a la Ley de Educación y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado. ¿La propuesta? Establecer en la legislación estatal el término de autonomía reproductiva, entendido como el derecho básico de las mujeres a decidir si desean o no gestar, planear su familia y acceder a servicios de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
El problema no radica en el fondo del planteamiento —necesario, urgente y con base en derechos humanos internacionales— sino en su forma. La iniciativa de Hernández es, palabra por palabra, una calca del proyecto que presentó la diputada federal Aleida Alavez Ruiz (Morena) el 28 de octubre de 2022 en el Congreso de la Unión. Una propuesta con más de dos años de antigüedad que, según fuentes legislativas, habría sido “compartida” por su entrañable aliado político, el también legislador José Luis Fernández.
Lo más alarmante es el descaro. No hay una cita, una referencia, un mínimo reconocimiento al trabajo intelectual, político y técnico que Alavez Ruiz volcó en su propuesta original. Y es que no hablamos de cualquier diputada. Aleida Alavez cuenta con una trayectoria sólida: cuatro veces diputada federal, vicepresidenta de la Junta de Coordinación Política y pieza clave en comisiones estratégicas como Hacienda, Justicia y Puntos Constitucionales. Es decir, experiencia le sobra.
¿Y Roxanna Hernández? Su trayectoria política es tan opaca como su iniciativa. Presentar un proyecto ajeno como si fuera propio, sin rigor ni contexto, revela más que negligencia: exhibe una preocupante falta de ética legislativa y un nulo respeto por la inteligencia colectiva. En el mejor de los casos, es pereza intelectual; en el peor, es fraude político.
La propuesta original, trabajada desde la Cámara de Diputados, buscaba insertar en la Constitución el concepto de “autonomía reproductiva” para dotar de claridad legal al derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, además de obligar al Estado a brindar información, servicios de salud y protección ante interferencias en decisiones íntimas. Este término, explicado por la CEPAL, abarca desde el acceso a servicios de aborto hasta el derecho a vivir una vida sexual libre de violencia. Temas profundos que merecen ser discutidos con seriedad, no con copia-pega de escritorio.
Si de verdad Hernández quiere aportar al debate público y a la garantía de derechos de las mujeres, lo mínimo que puede hacer es asumir su trabajo con responsabilidad, desarrollar propuestas propias y dar crédito cuando replica una idea ajena. De lo contrario, más que una legisladora comprometida con las mujeres, parece una estudiante reprobada intentando engañar con la tarea ajena.
