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Ebrio trabajador del Congreso choca y charolea para que lo dejen ir

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o legislativa ha emitido una postura sobre el caso.

La corrupción y el descaro volvieron a tomar forma humana en la figura de Marco Luis Polo Constantino, trabajador del área de Comunicación Social del Congreso del Estado y «periodista» al servicio del régimen de Ricardo Gallardo Cardona. El sujeto, protagonizó recientemente un vergonzoso accidente vehicular en el Río Santiago, luego de conducir en visible estado de ebriedad.

Tras el percance, Polo Constantino no solo demostró una total irresponsabilidad al quedarse dormido dentro del vehículo siniestrado, sino que exhibió un profundo desprecio por la legalidad: al ser abordado por elementos de la Guardia Civil Estatal, intentó hacer uso de sus influencias dentro del aparato gubernamental para evitar cualquier consecuencia, pidiendo a los oficiales que le permitieran retirarse del lugar sin mayor trámite.

Pero este acto de impunidad no es un caso aislado ni una simple anécdota bochornosa. Marco Luis Polo forma parte del séquito de voceros oficiosos del gobierno estatal que, bajo el disfraz de “periodistas”, reciben recursos públicos para operar desde medios y espacios que han sido convertidos en plataformas para exaltar la figura del gobernador Ricardo Gallardo y, más recientemente, descalificar de forma sistemática a comunicadores y medios críticos del régimen.

Según datos disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia, Polo Constantino percibe un sueldo mensual de $27,710.27 pesos como «auxiliar especializado» en el Congreso del Estado. A esa cantidad deben sumarse diversos pagos irregulares y “gratificaciones” provenientes de diferentes entidades gubernamentales, en compensación por los favores editoriales que presta al régimen.

El accidente no solo revela la decadencia moral de quienes hoy controlan la narrativa oficial en San Luis Potosí, sino que exhibe la red de complicidades entre medios, Congreso y Ejecutivo.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o legislativa ha emitido una postura sobre el caso. Como suele ocurrir en este tipo de atropellos, el silencio es cómplice y la impunidad, garantía.

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