Pese a horas de supuestas “negociaciones”, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, terminó por imponer a Juan Manuel Guel Rodríguez como director de la Escuela Normal del Estado (BECENE), en un acuerdo que más pareció una simulación que un ejercicio auténtico de diálogo.
En lugar de revertir la polémica destitución de Francisco Hernández Ortiz —removido por el titular del SEER, Martín Rodríguez—, el secretario general de Gobierno optó por sostener el nombramiento del nuevo director, cediendo únicamente en entregar a Hernández Ortiz una “cartera de responsabilidad”, un premio de consolación que difícilmente compensa la forma abrupta e inconsulta de su remoción.
Torres Sánchez no tuvo reparos en justificar la imposición con una advertencia peculiar: si el nuevo director “no da el ancho”, será removido. Una promesa que suena más a amenaza velada que a garantía de un proceso serio de evaluación, y que evidencia la improvisación con la que se manejan los nombramientos en el sector educativo estatal.
La narrativa oficial se jacta de que el plantón sindical terminó y se reabrió el tráfico en Nicolás Zapata, como si despejar una calle equivaliera a resolver el conflicto de fondo. En realidad, los acuerdos lucen como un intento burdo de desactivar la protesta sin atender las demandas legítimas del magisterio.
El gobierno aseguró que no habrá represalias contra los docentes movilizados y prometió revisar las condiciones generales de trabajo y los pendientes financieros. Sin embargo, estas promesas lucen vacías frente a la forma autoritaria en que se mantuvo al nuevo director: sin el consenso genuino de la comunidad académica ni del sindicato.
Resulta irónico que el propio secretario de Gobierno elogiara a Francisco Hernández Ortiz por haber llevado a la Escuela Normal del Estado al primer lugar nacional en calidad académica. Reconoce públicamente su esfuerzo, tiempo y profesionalismo, pero a la vez lo desplaza, relegándolo a un papel secundario, como si se tratara de un obstáculo que había que quitar del camino con elegancia diplomática.
Lejos de un acuerdo equilibrado, el episodio confirma la inclinación del gobierno estatal por imponer decisiones bajo el disfraz de la negociación. El llamado “voto de confianza” para el nuevo director suena más a un cheque en blanco firmado bajo presión que a un acuerdo legítimo, y deja a la comunidad normalista ante la sospecha de que su voz pesa poco frente a los designios del poder.
