La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) cerró 2025 con un balance que ha generado cuestionamientos públicos fuertes: un presupuesto de 47 millones 445 mil 193 pesos y apenas 10 recomendaciones emitidas en todo el año. La ecuación es inevitable y políticamente incómoda: cada recomendación costó a las y los potosinos alrededor de 4 millones 744 mil 519 pesos.
Si bien el organismo autónomo ha insistido en que su trabajo no debe medirse únicamente por el número de recomendaciones —argumentando que prioriza la conciliación y la prevención de violaciones a derechos humanos—, el dato duro revela una baja productividad en su instrumento más relevante, aquel que permite señalar formalmente a autoridades responsables y exigir medidas de reparación y no repetición.
Caída en recomendaciones y críticas persistentes
El número de recomendaciones emitidas en 2025 representa uno de los registros más bajos de los últimos años, lo que ha sido señalado por activistas y colectivos como un síntoma de debilidad institucional. Organizaciones de la sociedad civil han advertido que la reducción no necesariamente refleja menos violaciones, sino una menor disposición del organismo para escalar los casos y confrontar a las autoridades señaladas, particularmente corporaciones de seguridad y dependencias estatales.
La crítica no es menor: las recomendaciones públicas son el principal mecanismo de presión de una comisión de derechos humanos. Su ausencia o escasez reduce el impacto real del organismo y limita su capacidad de incidir en políticas públicas.
A la baja producción se suman cuestionamientos internos. Durante el año, integrantes del propio Consejo Ciudadano de la CEDH denunciaron irregularidades en el proceso de aprobación del presupuesto, señalando que fue enviado al Ejecutivo estatal sin contar con el aval formal del órgano colegiado. Estas acusaciones abonaron a una percepción de opacidad y deficiente gobernanza interna, justo en una institución cuya razón de ser es la legalidad y la transparencia.
Además, organizaciones ciudadanas han reiterado críticas por la falta de información clara sobre el uso del presupuesto, la limitada rendición de cuentas y la ausencia de indicadores públicos que permitan evaluar el impacto real de su trabajo más allá de informes administrativos.
El contraste entre un presupuesto millonario y resultados modestos ha colocado a la CEDH y a su titular Giovanna Argüelles Moreno en el centro de la crítica. Aunque la titular del organismo ha defendido su modelo de trabajo y ha subrayado acciones de capacitación, orientación y atención de quejas, especialistas advierten que sin recomendaciones firmes y visibles, la defensa de los derechos humanos pierde fuerza frente a autoridades que, en muchos casos, reinciden en prácticas violatorias.
En un contexto estatal marcado por denuncias de abuso policial, deficiencias en el sistema penitenciario y reclamos de colectivos de víctimas, la expectativa social hacia la CEDH es alta. Por ahora, los números no juegan a su favor.
