En un acto que raya en el descaro y que podría configurar un delito electoral, la Junta Estatal de Caminos (JEC) del estado de San Luis Potosí ha sido exhibida utilizando recursos públicos para la promoción personal de la senadora Ruth González Silva. La prueba: un boletín de prensa oficial emitido por el propio gobierno estatal, acompañado de fotografías en las que trabajadores de la dependencia aparecen portando chalecos con un logotipo que es idéntico al utilizado por la senadora en sus actos proselitistas.
El mensaje es tan claro como preocupante: el aparato gubernamental, financiado por el erario, ha sido puesto al servicio de la imagen de una aspirante con ambiciones electorales. Un hecho que no solo es cuestionable desde la ética pública, sino que podría constituir una violación directa de varios preceptos legales.
La ley es contundente: esto no es un “descuido”, es ilegal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 134, párrafo octavo, una prohibición tajante:
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
Los chalecos con el logo proselitista de Ruth González, distribuidos por una institución estatal, no dejan lugar a interpretaciones. Lo que se observa en las fotografías es la promoción personalizada de una figura política, financiada con recursos públicos, en flagrante desacato a la Carta Magna.
No es todo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) también es precisa. En su artículo 209 ordena suspender toda propaganda gubernamental durante los periodos electorales para evitar que los gobiernos influyan en las contiendas mediante el uso indebido de medios y recursos del Estado.
Y si esto aún pareciera insuficiente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales va más allá:
“Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que (…) destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo (…) de un precandidato, partido político (…) o candidato.”
¿Y la rendición de cuentas?
En lugar de responder con transparencia, desde el gobierno estatal se ha pretendido disfrazar este acto de propaganda como un «programa institucional«, ignorando cínicamente los evidentes elementos gráficos que asocian la imagen de una servidora pública con una obra pública financiada por todos los potosinos.
Cabe preguntar: ¿hasta dónde llega la complicidad institucional? ¿Quién autorizó el uso de estos chalecos? ¿Quién ordenó su confección y distribución? ¿Y por qué ninguna autoridad electoral ha levantado la voz ante lo que parece una burla a la legalidad?
Lo ocurrido con la Junta Estatal de Caminos y la senadora Ruth González no puede verse como un error administrativo ni una coincidencia gráfica. Es, simple y llanamente, el uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas. Es corrupción, disfrazada de “obra pública”.
