En San Luis Potosí, los casos de maltrato animal no han derivado en penas de prisión, pese a las reformas realizadas en julio de 2025 a la Ley de Protección a los Animales. El diputado local Luis Felipe Castro Barrón admitió que, aunque actualizaron la normativa, en la práctica aún no encarcelan a ningún responsable.
De acuerdo con el legislador, en los últimos años solo siete denuncias han llegado a judicializarse y todas concluyeron mediante acuerdos reparatorios de carácter económico, sin que se aplicaran sanciones corporales. Reconoció que la legislación actual contiene vacíos que permiten a los acusados obtener beneficios como la libertad bajo fianza, la reparación del daño o el perdón legal.
Ante este panorama, anunció que sostendrá reuniones con colectivos de protección animal y con personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para promover ajustes al Código Penal estatal. El objetivo es cerrar las salidas alternas y establecer sanciones más estrictas, tanto económicas como de prisión, especialmente en casos de crueldad, sadismo o muerte intencional de animales. La propuesta ya la revisaron en la Comisión de Ecología y continúa en análisis para su dictaminación.
Como antecedente, el 23 de junio del año pasado organizaciones civiles presentaron la iniciativa ciudadana denominada Ley Hope, que plantea reformas a los artículos 110 y 317 del Código Penal estatal, además de eliminar los mecanismos alternativos contemplados en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales actualmente permiten acuerdos económicos para evitar la cárcel.
La propuesta contempla penas de hasta 16 años de prisión en casos agravados como zoofilia, sadismo o muerte intencional, así como la imprescriptibilidad del delito. También incluye la implementación de programas de sensibilización y el fortalecimiento de la participación ciudadana en la denuncia de estos hechos.
