Con información de Pulso
La reciente reforma penal en San Luis Potosí que incorpora delitos vinculados al uso de inteligencia artificial (IA) cuando “genere alarma social” podría derivar en abusos e interpretaciones discrecionales, advirtió Enrique Cortés Rello, director del Artificial Intelligence Hub del Tecnológico de Monterrey.
El especialista señaló que la propuesta parte de un error fundamental: centrar la penalización en la tecnología en lugar de en las conductas que ya están tipificadas en la ley. Recordó que la IA forma parte de la vida diaria desde hace más de una década y que, por sí sola, no representa un riesgo.
Cortés Rello explicó que delitos como fraude, extorsión o suplantación ya existen en la legislación, aun cuando ahora puedan ser cometidos mediante herramientas de IA. “La legislación es contra el daño, no contra la herramienta”, sostuvo al destacar que criminalizar el medio “es una confusión jurídica básica”.
Advirtió además que el concepto de “alarma social”, eje de la reforma, es tan ambiguo que podría aplicarse contra ciudadanos, periodistas o voces críticas sin criterios claros. Como ejemplo, planteó que sería tan incongruente como exigir registro obligatorio para comprar un martillo “porque puede usarse para clavar o para matar”.
El especialista reiteró que lo correcto es sancionar los resultados dañinos y no etiquetar la IA como un riesgo en sí misma. “Si lo usas mal, otro delito va a cachar que lo usaste mal”, afirmó, al insistir en que no se necesita crear nuevas figuras penales para conductas ya reguladas.
Finalmente, señaló que buena parte del temor social proviene del desconocimiento sobre el funcionamiento real de la IA, la cual —dijo— puede parecer humana, pero no tiene comprensión propia.
