El Juez Primero de Distrito en materia penal de Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardozo, concedió un amparo definitivo a Roberto Blanco Cantú, conocido como “el señor de los buques”, y dejó sin efecto la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía en su contra desde junio pasado.
Blanco Cantú, ciudadano méxico-estadounidense, es señalado como el principal socio de las empresas Mefra Fletes y autolíneas Roca, investigadas por el contrabando y comercialización de millones de litros de combustible introducido ilegalmente por los puertos de Tampico, Altamira y Ensenada, una operación que habría provocado un desfalco de 171 mil millones de pesos al fisco federal.
San Luis Potosí en la red de contrabando
El expediente penal 216/2025 documenta que la red criminal no sólo operaba en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, sino también en San Luis Potosí, donde varios de los implicados mantenían negocios y propiedades.
Particularmente, destaca el caso de Héctor Manuel Portales Ávila, apoderado legal de Metro Fletes y secretario del Consejo de Administración de autolíneas Roca. Originario de Chicago pero con residencia en San Luis Potosí, Portales fue detenido el pasado 24 de agosto y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de posesión ilícita de 6 millones de litros de diésel y gasolina.
De acuerdo con la FGR, Portales Ávila adquirió propiedades en San Luis Potosí, Nuevo León y Guanajuato, además de registrar una flotilla de 163 vehículos y presumir una vida de lujos con automóviles de más de 10 millones de pesos.
Gallardo Cardona aparece en la ecuación
Fuentes federales consultadas señalan que Héctor Manuel Portales Ávila ha sido vinculado públicamente de manera cercana con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, lo que abre la puerta a una investigación sobre posibles nexos del mandatario con la red de huachicoleros.
Aunque hasta ahora Gallardo Cardona no ha sido llamado formalmente por la justicia, la relación con Portales Ávila —quien fue operador político en la región y aspirante a la alcaldía de Ébano— plantea un escenario delicado: la posibilidad de que el poder político local esté entrelazado con estructuras del crimen organizado dedicadas al contrabando de hidrocarburos.
Conexión con el crimen organizado
La investigación federal apunta a que los socios de Mefra Fletes y autolíneas Roca constituyeron empresas fachada para lavar dinero proveniente del contrabando de combustible, con presuntos vínculos con los cárteles del Golfo y de Jalisco Nueva Generación.
El modus operandi incluía obligar a gasolineros en varios estados —incluido San Luis Potosí— a comprar combustible robado, bajo amenaza o cooptación.
La FGR solicitó penas de entre 12 y 17 años de prisión para los implicados que permanecen detenidos, mientras que figuras clave como Blanco Cantú lograron evadir la acción de la justicia gracias a resoluciones judiciales.
