De acuerdo a la investigación realizada por la Colectiva ILE sobre la despenalización de la interrupción del embarazo menciona que la entidad se enfrenta a un doble obstáculo que amenaza su efectividad y el derecho de las mujeres a decidir.
Por un lado, es la ausencia de un análisis a profundidad de las iniciativas presentadas para regular la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), impidiendo así establecer un marco legal y operativo robusto y claro que garantice un acceso efectivo, dejando el proceso sujeto a interpretaciones, vacíos para las usuarias y los prestadores de servicios de salud.
A esta falta de rigor legislativo se suma una alarmante ambigüedad en la información pública y la prestación del servicio de acuerdo a la respuesta por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) hacia la colectiva, donde datos oficiales a un año de la Legalidad del aborto solo se realizaron 132 interrupciones en hospitales públicos, sin embargo la mayoria se registraron por riesgo a la salud, lo que sugiere que el servicio de acceso voluntario es una práctica inexistente.
En consecuencia, existe una profunda brecha entre la despenalización legal y su aplicación práctica, subrayando uno de los principales problemas es la falta de personal no objetor, situaciones que, según la colectiva los Servicios de Salud y la Secretaría de Gobierno no han respondido de forma clara ni sustantiva al no haber datos certeros en el número de interrupciones voluntarias, lamentando la falta de compromiso en los datos oficiales, así como en el derecho a decidir.
