La ausencia de registros oficiales sobre violencia vicaria en San Luis Potosí limita el análisis de este delito, ya que no existen cifras que permitan conocer cuántos casos judicializados, cuántas carpetas de investigación están abiertas o cuántos acreditados formalmente, advirtió la diputada Jessica Gabriela López Torres.
La legisladora señaló que, aunque en 2025 se logró la recuperación de entre 40 y 50 niñas y niños mediante órdenes de protección a favor de mujeres víctimas, esta cifra no puede evaluarse en su contexto debido a la falta de estadísticas completas. Explicó que sin datos comparativos resulta imposible determinar si el fenómeno va en aumento, disminución o se mantiene estable.
Indicó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no cuenta con información desagregada sobre este delito, mientras que el Centro de Justicia para las Mujeres únicamente reporta el número de menores restituidos, sin detallar cuántos expedientes corresponden específicamente a violencia vicaria ni cuántos reconocidos bajo esta figura legal.
La diputada calificó como grave esta falta de información, al señalar que sin datos oficiales no es posible medir la efectividad de las acciones institucionales ni conocer si los casos continúan en aumento o si las medidas implementadas han generado resultados.
Añadió que, aunque el Congreso del Estado puede emitir exhortos para solicitar mayor transparencia, una de las principales limitantes es la inexistencia de un padrón específico sobre violencia vicaria. En ese sentido, consideró necesario crear un registro que permita generar estadísticas confiables y diseñar estrategias de prevención.
También destacó que la recuperación de menores impulsada, en gran medida, por el acompañamiento de colectivos de la sociedad civil que brindan apoyo a mujeres afectadas por este tipo de violencia. Subrayó que la tipificación del delito aún se encuentra en proceso de consolidación, por lo que requiere ajustes y armonización a nivel nacional.
Por su parte, la coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres, Esther Angélica Martínez Cárdenas, informó que durante 2025 se logró restituir a entre 40 y 50 menores, lo que permitió evitar procesos judiciales en materia familiar en casos donde las madres eran víctimas de violencia ejercida a través de sus hijas e hijos.
