Mientras la Fiscalía General del Estado actúa con rapidez para perseguir, localizar y girar órdenes de presentación contra personas incómodas para el Gobierno estatal, muestra una alarmante ineficiencia cuando se trata de localizar a menores sustraídos ilegalmente por sus propios padres.
Han pasado semanas sin que la Fiscalía logre ubicar a Ian Yael y Alanna Sofía, dos menores llevados por la fuerza por sus respectivos padres. Ante la omisión institucional, sus madres, familiares y amigos se vieron obligados a salir a las calles para exigir justicia y alzar la voz.
Tras la marcha, y exhibida una vez más como una institución selectiva en su actuar, la fiscal Manuela García Cázares se limitó a declarar que “se están investigando los casos”.
«Es un problema que deriva de un asunto familiar, de un pleito entre padres y la madre puso la denuncia pero sigue el problema», declaró sin mayor explicación.
De acuerdo con fuentes dentro de la Policía de Investigación —cuyos resultados suelen aparecer solo cuando hay presión desde Palacio de Gobierno—, uno de los menores podría haber sido ya trasladado fuera del estado hacia otra ciudad del país. Mientras tanto, sus madres continúan suplicando que las autoridades aceleren las indagatorias para poder recuperarlos.
