En el marco del 103 aniversario de la autonomía universitaria, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue sede de un conversatorio en el que representantes de universidades públicas y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincidieron en la necesidad de delimitar con claridad los alcances de la fiscalización para evitar invasiones de competencia y tensiones innecesarias con las instituciones de educación superior.
Durante el encuentro, titulado “Autonomía Universitaria y Fiscalización del Gasto Federalizado: Gobernanza, Responsabilidad y Equilibrios Constitucionales para la rendición de cuentas”, se subrayó que el criterio central para definir qué puede auditarse es el origen de los recursos. El titular de la Unidad de Técnica de la ASF, Eber Omar Betanzos Torres, explicó que cualquier recurso público de carácter federal —independientemente de su modalidad— es competencia exclusiva del órgano federal de fiscalización, conforme a la Constitución y a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El funcionario advirtió que, pese a esa delimitación legal, existen intentos de órganos locales por extender revisiones a recursos federalizados, lo cual carece de sustento constitucional. Añadió que la ASF ha transitado hacia un modelo de auditoría con enfoque preventivo, apoyado en tecnologías digitales, que permite comunicar observaciones durante el proceso de revisión y no únicamente al cierre, con el objetivo de corregir posibles inconsistencias y evitar interpretaciones erróneas sobre presuntos desvíos.
Como parte de este cambio, Betanzos destacó que el número de auditorías realizadas por la ASF se ha incrementado en 43 por ciento, lo que, afirmó, fortalece la revisión del gasto, facilita reintegros cuando corresponde y contribuye a una mejor aplicación de los recursos públicos.
Desde la perspectiva universitaria, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, señaló que la fiscalización es una obligación inherente a la rendición de cuentas, siempre que se ejerza dentro de los márgenes constitucionales. Precisó que los recursos federales y estatales deben revisarlos las instancias competentes, mientras que los ingresos autogenerados requieren esquemas propios de control, sustentados en normativas internas y auditorías internas y externas previamente definidas.
Guzmán López sostuvo que las universidades no se oponen a la fiscalización, pero advirtió que la duplicidad de revisiones o la intervención de autoridades sin competencia legal genera fricciones innecesarias. En ese sentido, consideró indispensable una fiscalización acompañante, preventiva y orientada a mejorar el ejercicio del gasto, no a obstaculizar la operación institucional.
En una línea similar, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Octavio Pimentel Martínez, afirmó que la autonomía universitaria no debe confundirse con opacidad. Por el contrario, dijo, implica responsabilidad y transparencia, de modo que cada recurso —federal, estatal o propio— tenga un destino claro y un impacto medible en los indicadores institucionales.
El conversatorio también retomó el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde se presentó un conflicto con el órgano local de fiscalización por intentos de revisar ingresos autogenerados. El asesor jurídico de esa institución, José Ramón Bonilla, explicó que la controversia se centró en la invasión de atribuciones y en el intento de tratar a la universidad como parte del aparato del Ejecutivo estatal, lo que derivó en un proceso judicial federal que confirmó los límites de la fiscalización local.
Bonilla aclaró que la comparecencia de rectores ante congresos locales puede darse como un acto de cooperación institucional, pero no como una obligación equiparable a la de funcionarios del Poder Ejecutivo, al tratarse de autoridades de instituciones públicas autónomas.
En la sesión de preguntas se abordaron mecanismos para fomentar la generación de ingresos propios en las universidades sin perder control institucional, mediante reglas claras sobre distribución y reinversión de recursos, así como sobre límites financieros y eficiencia en la nómina. Los participantes coincidieron en que la claridad presupuestal y normativa puede contribuir a una mejor productividad académica y administrativa.
