Una sentencia definitiva emitida por la Cuarta Sala del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí coloca al Fraccionamiento Miravalle en una situación de riesgo financiero y administrativo que podría llevarlo a la quiebra, además de perder su régimen civil como órgano de representación vecinal.
El fallo establece que la personalidad jurídica del representante legal de Miravalle quedó sin efectos, al concluirse que carecía de un poder legal válido para comparecer en el juicio. En consecuencia, el proceso continuará en rebeldía, lo que deja al fraccionamiento prácticamente sin defensa en la causa.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que el fraccionamiento no cuenta con facultades jurídicas para cobrar cuotas a los residentes. Aun así, desde 2021 realizaron incrementos en los pagos de mantenimiento y otros conceptos, los cuales rechazaron los colonos al considerarlos ilegales.
De acuerdo con la demanda, los montos indebidos rebasan los 8 millones de pesos, cifra que podría aumentar con los intereses y cargos moratorios que el tribunal ordene como compensación a favor de los habitantes afectados.
Aunque el fraccionamiento todavía dispone de algunos recursos legales, la sentencia subraya la evidente falta de validez en sus poderes de representación, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de éxito en instancias superiores.
De confirmarse el fallo en sus términos actuales, Miravalle no solo enfrentaría un duro golpe financiero, sino también la pérdida de su estructura de administración civil, lo que abriría la puerta a que los colonos definan nuevas formas de organización y gestión del fraccionamiento.
