En San Luis Potosí, la violencia contra la prensa no solo se normaliza, sino que es impulsada desde el propio gobierno. Dos funcionarios de la Coordinación de Comunicación Social del Estado, de nombre Fernando Garduza y Victor Hugo Martínez, han convertido su cargo en un arma para atacar a quienes consideran enemigos con saña y violencia sin precedentes.
A través de páginas y perfiles falsos, estos funcionarios han desatado una campaña de difamación contra una exreportera y actual funcionaria del Gobierno Municipal Ruth Salazar Oliva, buscando desacreditar su trabajo e intimidarla. Pero la persecución no es nueva: uno de estos servidores públicos ya había utilizado su mediocre posición para obligarla a renunciar a su puesto en un diario local, arrebatándole su espacio en los medios y atentando contra su libertad de expresión.
Ahora que la periodista ha encontrado un medio de trabajo en la administración municipal, los funcionarios han hecho un grotesto y violento uso de las redes sociales, incluso pagando pautas publicitarias para difamar y amedrentar a la periodista.
Fernando Garduza que pertenece a la estructura de Comunicación Social del Gobierno del Estado, recibe un sueldo de $32,652.14 pesos, mientras que Victor Hugo Martínez, quien de manera irregular cobra en Comunicación Social pero trabaja en la Secretaría de Finanzas, gana $30,042.00 pesos, aunado al pago de contratos por concepto de «convenios publicitarios» en páginas de «noticias» que no son otra cosa más que vulgares pasquines que replican boletines oficiales. Los montos que reciben a través de estas cuentas se desconocen debido a la opacidad con la que esta administración estatal se maneja.
Esto no es solo acoso digital y violencia de género, es violencia de Estado contra dignidad de una persona. La utilización de recursos y estructuras oficiales para desprestigiar, perseguir y silenciar voces críticas es una afrenta directa a la democracia y un abuso de poder inaceptable.
