La confusión (o el cinismo) se apodera del Palacio de Gobierno: mientras el gobernador Ricardo Gallardo Cardona asegura que su administración no le debe nada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), su secretario de Gobierno y su secretaria de Finanzas reconocen una deuda oficial de 183 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
En una declaración que raya en la provocación, Gallardo minimizó el reclamo universitario y acusó a la máxima casa de estudios de tener “muchas observaciones” sin solventar desde años anteriores, sugiriendo que los recursos no han sido entregados por presunta opacidad en su manejo:
“No han podido solventar un solo peso (…) para nosotros es un tema cerrado”, afirmó, mientras se acumulan en su propia administración señalamientos por corrupción.
Sin embargo, la realidad lo desmiente: este 11 de septiembre, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, se reunió con los secretarios estatales J. Guadalupe Torres Sánchez y Ariana García Vidal, quienes no solo reconocieron el adeudo actual, sino también los pendientes del llamado “pago en especie” de años anteriores.
Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha exhortado en al menos dos ocasiones al mandatario a ponerse al corriente con el compromiso financiero estatal hacia la Universidad, evidencia que desmiente su insistencia en que se trata únicamente de una “ampliación presupuestal”.
Esta falta de coherencia entre el discurso del gobernador y los actos de su equipo desnuda una estrategia peligrosa: intentar deslegitimar a la Universidad para evadir la responsabilidad financiera que el Estado tiene con la educación pública.
Mientras Gallardo acusa sin pruebas a la UASLP de opacidad, evita responder por qué los recursos federales etiquetados para 2025 no han sido entregados, pese a haber sido ya transferidos por la Federación. ¿Qué está haciendo el gobierno estatal con ese dinero?
La narrativa del gobernador se desploma ante los hechos. Y con ella, crece la sospecha de que detrás del discurso incendiario hay un intento de asfixia presupuestal a una institución autónoma, crítica e incómoda.
