El cambio de rotulación en las unidades del sistema de transporte tipo Metrobús en San Luis Potosí comenzó como una modificación discreta, pero significativa: el prefijo de identificación dejó de ser “BTR” —o “BRT”, en referencia a Bus Rapid Transit— para convertirse en “RG” seguido del número económico. En un servicio público donde los identificadores cumplen funciones operativas y de trazabilidad, la sustitución despertó cuestionamientos ante la falta inicial de información oficial.
Tras varios días sin posicionamiento público, el Gobierno estatal precisó que las letras “RG” significan “Ruta Gratuita”, en alusión al carácter sin costo del servicio que presta la Red Metro. La explicación busca dar un sentido funcional a la nueva nomenclatura, aunque el ajuste no fue acompañado de un comunicado técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que detallara los criterios administrativos, el acuerdo interno que lo autorizó o el costo de la modificación.
El reemplazo fue visible en la parte superior izquierda trasera de los camiones, donde anteriormente aparecía la sigla BRT junto al número económico. Desde la semana pasada, trabajadores comenzaron a retirar las calcomanías originales para colocar las nuevas con “RG”, manteniendo la numeración consecutiva.
La decisión no pasó inadvertida debido a que “RG” coincide con las iniciales del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de la senadora Ruth González Silva. En una entrevista previa, la legisladora incluso reconoció que las siglas tenían una dualidad de significado, al representar tanto el concepto de ruta gratuita como sus propios nombres.
Cuando el sistema inició operaciones el 6 de octubre de 2023, no se utilizó esta nomenclatura. El ajuste ocurre ahora, en un contexto previo al proceso electoral 2026-2027, lo que ha añadido una dimensión política a un cambio que, según la versión oficial, responde únicamente a la naturaleza gratuita del servicio.
Más allá del significado atribuido, la modificación implica una redefinición de la identidad visual de un sistema de transporte financiado con recursos públicos. En ese sentido, la discusión gira en torno a la necesidad de transparentar los criterios técnicos y administrativos detrás de la medida, a fin de evitar interpretaciones sobre posibles usos simbólicos de bienes públicos.
