Pese a la abierta oposición de familias de personas desaparecidas y de organizaciones civiles que las representan, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, decidió designar a Israel Mendoza Espinoza como nuevo titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). Una decisión que huele más a imposición que a consenso, y que pone en duda el supuesto compromiso del Ejecutivo estatal con la transparencia y las víctimas.
El nombramiento de Mendoza Espinoza llegó para sustituir a Leobardo Aguilar Orihuela, quien había ejercido el cargo desde los inicios de la actual administración. Sin embargo, en lugar de explicar de manera pública y clara las razones detrás del relevo —algo que sería apenas lo mínimo en un tema tan sensible—, el gobierno optó por el camino del hermetismo.
La organización «Voz y Dignidad por los Nuestros» denunció en una carta la ausencia total de consulta hacia quienes integran el Sistema Estatal de Búsqueda, calificando la destitución de Aguilar Orihuela como una decisión opaca e inconsulta. Su mensaje fue tajante: el movimiento contradice la Ley General en Materia de Desaparición, que exige la participación directa de las familias. Al parecer, la ley es solo un adorno que se cita en discursos oficiales pero se ignora a la hora de tomar decisiones reales.
El colectivo subrayó además que durante la gestión de Aguilar Orihuela hubo avances tangibles: mejor coordinación institucional, diagnósticos regionales más serios y un enfoque verdaderamente centrado en las víctimas. Nada de eso pareció importar al momento de la sustitución, que ahora deja en riesgo la continuidad técnica de los trabajos.
El Consejo Ciudadano de Búsqueda también se sumó al coro de inconformes, señalando que el relevo impuesto sin diálogo obligará a reiniciar esfuerzos y afectará la ya frágil relación con las familias. Una forma elegante de advertir que la improvisación puede salir muy cara.
Aunque el gobierno se apresuró a presumir en un comunicado que hubo diálogo con ciertos colectivos —Fe y Esperanza, el Grupo Civil de Búsqueda y un grupo de Cerritos—, la realidad es que las principales organizaciones que representan a la mayoría de las familias de desaparecidos han expresado su rechazo abierto al proceso. Eso, sin olvidar el detalle de que hasta hoy no existe una explicación oficial sobre por qué se relevó a Aguilar Orihuela.
