El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí entregará la información relacionada con el caso del antro Rich, tras la orden emitida por un juzgado federal que sancionó a la Contraloría General del Estado por no haber proporcionado los documentos solicitados.
Torres Sánchez explicó que el Gobierno estatal respetará la resolución judicial y pondrá a disposición los expedientes requeridos, siempre que así lo determine la autoridad competente. “En cuanto a la información pública, si se está obligado, se va a dar y listo”, señaló el funcionario, al subrayar que el Ejecutivo no tiene objeción en transparentar los datos.
El anuncio se produce después de que el Juzgado Sexto de Distrito impusiera una multa a la Contraloría por incumplir con la entrega de la información relacionada con los hechos ocurridos el 7 de junio de 2024 en el centro nocturno Rich. En febrero, la Contraloría había concluido un procedimiento administrativo sancionador contra tres funcionarios: Mauricio Ordaz Flores, José Concepción Gallardo Martínez y Lucía Martha Ramírez Rodríguez.
Pese a ello, el contenido de la resolución se mantuvo reservado debido a los recursos legales promovidos por los implicados y a la decisión de la propia Contraloría de clasificar los documentos, lo que impidió que los familiares de las víctimas accedieran a ellos.
Torres Sánchez reiteró que la administración estatal cumplirá con lo que disponga el Poder Judicial de la Federación y actuará conforme a la ley para evitar nuevas sanciones o conflictos administrativos.
