Bajo la apariencia de un acto de justicia social, el gobierno de San Luis Potosí ha reinstalado el pago de pensiones a médicos jubilados del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, no sin antes imponerles un paquete de condiciones que más bien parece un pliego de sumisión política. Lejos de reconocer de forma plena los derechos laborales de quienes dedicaron su vida al servicio público en salud, la administración estatal ha ofrecido una pensión disminuida en más de la mitad, condicionada además a muestras públicas de respaldo político.
El pasado 9 de mayo, luego de meses de protestas y negociaciones, se firmó un convenio entre el gobierno estatal y 58 médicos jubilados para reactivar sus pensiones, que fueron suspendidas tras la migración del hospital al sistema IMSS-Bienestar. Según explicó la secretaria de Salud, Mariana Leticia Gómez Ordaz, esta omisión administrativa fue una consecuencia de la transición del sistema, aunque para los médicos afectados, el olvido fue tan deliberado como el silencio oficial que lo acompañó durante semanas.
Sin embargo, la verdadera indignación surgió cuando, al llegar a la supuesta solución, el remedio vino envenenado. A través de mensajes privados, los médicos fueron informados de que el pago mensual sería de 25 mil pesos —una reducción de hasta el 60% respecto a las pensiones originales, que rondaban los 66 mil pesos mensuales—. El cálculo es claro: mientras en febrero los médicos exigían una bolsa de 46 millones de pesos anuales para cubrir su retiro, el gobierno apenas destinará 17.4 millones.
Pero lo económico fue apenas el primer golpe. Junto con el recorte, llegaron exigencias que, aunque inusuales para un trámite administrativo, son ya sintomáticas de una lógica clientelar que permea diversas áreas del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Médicos jubilados, que pidieron anonimato por temor a represalias, revelaron que entre las condiciones del convenio figuraban la afiliación al Partido Verde Ecologista de México, la interacción positiva en redes sociales con publicaciones gubernamentales, y la eliminación de cualquier mensaje crítico hacia el sistema de salud estatal.
El colmo fue la exigencia de difundir un comunicado en el que se agradeciera al gobernador y su administración por el cumplimiento de una obligación que había sido previamente ignorada. El desplegado apareció en medios locales apenas unas horas después del evento oficial, completando el ritual de gratitud obligada.
Lo que pudo ser un acto de reparación institucional terminó siendo una clase maestra de control político: pensiones a cambio de silencio, respaldo partidista y simulación digital. A los médicos no sólo se les negó justicia en sus términos, sino que se les integró, de facto, al aparato propagandístico del régimen estatal.
