La inconformidad que generó el incremento a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, que pasó a 13.50 pesos, derivó en una serie de movilizaciones ciudadanas que, de acuerdo con el Gobierno del Estado, se utilizó con fines políticos. La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, aseguró que el debate sobre el ajuste se ha desviado del tema técnico y social para insertarse en una lógica de confrontación previa al proceso electoral de 2027.
La funcionaria sostuvo que las manifestaciones no contribuyen a resolver la problemática del transporte y, por el contrario, generan afectaciones a la movilidad en la capital potosina. Indicó que la dependencia a su cargo mantiene disposición para dialogar con colectivos y asociaciones, siempre que el acercamiento se dé mediante mesas de trabajo y no a través de protestas en la vía pública.
Martínez Acosta señaló que la SCT está abierta a escuchar las preocupaciones de los usuarios y analizar los impactos del ajuste, aunque reiteró que una parte de las expresiones de rechazo responde a agendas partidistas más que a demandas ciudadanas legítimas. En ese sentido, descartó cualquier revisión a la tarifa autorizada y subrayó que el tema lo aprovecharon diversos actores para posicionamientos políticos.
Como parte de la defensa del aumento, la secretaria destacó que San Luis Potosí cuenta con un esquema único a nivel nacional al ofrecer transporte gratuito mediante cuatro líneas del sistema MetroRed, el cual ha registrado más de 20 millones de viajes sin costo, lo que, afirmó, representa un esfuerzo del estado por ampliar el acceso a la movilidad para la población.
