El diputado Héctor Serrano anticipó que la denominada Ley Ruth será objeto de impugnaciones ante instancias jurisdiccionales, al considerar que se trata de una consecuencia previsible de cualquier reforma legislativa con alto impacto político y constitucional.
En entrevista, Serrano señaló que la vía de la impugnación es un recurso común cuando actores políticos o partidos consideran que una norma afecta sus derechos, por lo que no resulta sorpresivo que se recurra a tribunales tras la aprobación de la reforma. No obstante, advirtió que difícilmente habrá oposiciones abiertas en el plano político, debido a que el debate ha estado marcado por un discurso generalizado en defensa de los derechos de las mujeres.
El legislador sostuvo que los partidos políticos cuentan con procesos y reglas internas que, en diversas ocasiones, también han sido impugnadas por sus propios militantes, lo que refuerza —dijo— la idea de que el conflicto se traslade al ámbito jurídico y no al político.
Serrano retomó la postura expresada por la Presidenta, en el sentido de que corresponde a cada partido definir sus mecanismos internos y la forma en que cumple con los criterios de paridad y equidad de género, dentro del marco legal vigente.
Asimismo, recordó que existen otras reformas constitucionales aprobadas que entrarán en vigor hasta 2030, como la prohibición del nepotismo y la no reelección, las cuales actualmente siguen siendo objeto de debate y análisis, sin que ello haya impedido su aprobación legislativa.
Finalmente, reconoció que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia encargada de revisar la constitucionalidad de la Ley Ruth, en caso de que se presenten impugnaciones, un escenario que consideró habitual dentro del proceso legislativo mexicano.
