Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es un ente público descentralizado sujeto a fiscalización, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, adelantó que vendrán sanciones contra los funcionarios universitarios que se negaron a auditar sus recursos.
La medida se interpretó por analistas y actores universitarios como un ejercicio de revanchismo político, más que un procedimiento técnico de fiscalización.
“Lo que sigue es que se van a particularizar las sanciones… voy a sancionar a los funcionarios, en particular aquellos irresponsables que determinaron no auditarse, no rendir cuentas, ni transparentar sus recursos públicos”, señaló Lecourtois López.
La declaración deja claro que el IFSE apunta directamente a personas específicas, como los titulares de la rectoría y la administración universitaria, mientras que, paradójicamente, la Abogada General de la Universidad, quien según el IFSE aconsejó al rector no someterse a la fiscalización, no se le sancionará.
El tono de las declaraciones se interpreta como un mensaje político más que administrativo. La insistencia en señalar responsables individuales y el énfasis en posibles inhabilitaciones y sanciones económicas millonarias, que ascienden a 670 millones de pesos, refleja una acción selectiva que algunos observadores consideran punitiva y ejemplarizante, dejando de lado un enfoque de colaboración para regularizar la rendición de cuentas.
El IFSE aclaró que no será el responsable de aplicar las sanciones: los expedientes se enviarán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que determinará las multas o posibles inhabilitaciones. Sin embargo, el planteamiento del auditor superior ha generado preocupación entre académicos y administradores universitarios, quienes consideran que la institución está utilizando la fiscalización como un instrumento de presión política.
