El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) detectó que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) ejerció recursos públicos sin contar con la asignación presupuestal correspondiente durante el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con el Informe Individual de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública.
Según el documento, el organismo electoral administró ingresos por un total de 456.3 millones de pesos, de los cuales 452 millones provinieron de transferencias estatales y poco más de 4.3 millones correspondieron a recursos propios. No obstante, al revisar el destino de dichos recursos, el IFSE identificó que percibieron 893 mil 608 pesos de origen estatal sin estar respaldados por una asignación presupuestal autorizada.
Durante el proceso de fiscalización, el CEEPAC presentó diversos acuerdos del Consejo General mediante los cuales, aseguró, se realizaron adecuaciones al Presupuesto de Egresos tanto del gasto ordinario como del proceso electoral local 2023-2024. Sin embargo, el ente fiscalizador concluyó que dicha documentación no acreditó la integración de esas modificaciones en estados presupuestales formalmente aprobados y publicados.
Adicionalmente, el IFSE detectó inconsistencias entre los montos reportados como gasto devengado y los registros presupuestales revisados. Mientras el CEEPAC informó haber ejercido 442.7 millones de pesos de recursos estatales, el estado presupuestal analizado refleja un total de 446.2 millones de pesos devengados, lo que generó diferencias no justificadas.
El informe también señala una discrepancia entre los recursos reintegrados a la Secretaría de Finanzas y el remanente determinado al cierre del ejercicio fiscal. El CEEPAC reportó reintegros por 8.8 millones de pesos, mientras que el IFSE identificó un remanente de 5.9 millones, lo que derivó en una diferencia de 2.8 millones de pesos que no aclararon.
Ante estas inconsistencias, el Instituto de Fiscalización Superior determinó como no solventada la observación y emitió una Solicitud de Aclaración, requiriendo al organismo electoral documentación adicional que justifique las modificaciones presupuestales y explique las diferencias detectadas, al considerar que los registros no cumplen con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado.
