El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) detectó que el Centro de Convenciones de San Luis Potosí omitió solicitar fianzas de cumplimiento en diversos contratos de servicios durante el ejercicio fiscal 2024, a pesar de que la normatividad estatal establece esta obligación como un mecanismo de garantía en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con el Informe Individual de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la observación se concentró en operaciones relacionadas con servicios de conservación, mantenimiento menor de inmuebles, así como instalación y reparación de maquinaria, cuyo monto conjunto asciende a 1 millón 275 mil 244 pesos. En estos casos, el ente fiscalizado no presentó ni las fianzas de cumplimiento de los contratos ni los comprobantes de pago correspondientes.
Durante el proceso de aclaración, el Centro de Convenciones argumentó que no se solicitaron dichas fianzas debido a que los servicios se liquidaron una vez concluidos los trabajos y conforme a lo estipulado en los contratos. Asimismo, informó que la Junta de Gobierno aprobó, en septiembre de 2025, un acuerdo para establecer un monto mínimo a partir del cual se exigirán fianzas a los proveedores.
No obstante, el IFSE determinó que este acuerdo carece de efectos para el ejercicio fiscal 2024, ya que se aprobó con posterioridad al periodo auditado. En consecuencia, consideraron la observación como no solventada, al confirmarse el incumplimiento del artículo 47, fracción III, de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, que obliga a garantizar el cumplimiento de los contratos mediante fianzas u otros instrumentos legales.
Derivado de esta situación, el órgano fiscalizador emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, con la que solicita a la Contraloría General del Estado iniciar las investigaciones correspondientes y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, durante su gestión, omitieron exigir las garantías contractuales.
El IFSE subrayó que la falta de fianzas de cumplimiento debilita los mecanismos de protección del erario, al limitar la capacidad del Estado para exigir reparaciones o compensaciones en caso de incumplimientos por parte de los proveedores, aun cuando pagaron los servicios al cierre de los trabajos.
