Una iniciativa dictaminada como procedente por la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, e impulsada desde la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha encendido alertas entre especialistas y defensores de la libertad de expresión, quienes advierten que la reforma podría convertirse en una ley mordaza contra periodistas, caricaturistas y creadores de contenido en San Luis Potosí.
La propuesta —presentada por el diputado Héctor Serrano— modifica el Código Penal del Estado para crear tres nuevos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial (IA): suplantación de identidad digital, difusión de “desinformación” y simulación de actos o declaraciones de instituciones públicas. Aunque la iniciativa se presenta como un mecanismo para combatir deepfakes y manipulación digital, su redacción genera serias preocupaciones.
La reforma introduce figuras penales ambiguas que castigan la “alarma social”, la “alteración de la confianza institucional” y la “difusión dolosa de contenidos falsos”. Sin embargo, la Comisión reconoce que para determinar si una información o creación artística incurre o no en delito, la autoridad deberá analizar la “intención” del autor, abriendo un espacio de discrecionalidad que puede derivar en persecución penal selectiva.
Si bien el dictamen incluye una cláusula que afirma que no se sancionarán contenidos periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política, esta protección no es automática y depende completamente de la interpretación del Ministerio Público y los jueces.
Esto coloca a periodistas, caricaturistas y activistas en una situación vulnerable, pues podrían ser investigados, citados o sometidos a procesos penales mientras la autoridad determina si actuaron con “dolo”.
La Comisión advierte que la exclusión para prensa y caricatura implica que la Fiscalía deberá evaluar si un contenido califica como trabajo periodístico o parodia, contraviniendo los estándares interamericanos que prohíben al Estado convertirse en árbitro del discurso público.
Jurisprudencia de la Corte Interamericana —como los casos Kimel vs. Argentina y Herrera Ulloa vs. Costa Rica— establece que cualquier análisis estatal sobre la intención detrás del discurso crítico puede derivar en censura indirecta o intimidación.
La iniciativa emplea conceptos como “alarma pública”, “idoneidad para alterar la paz social” y “manipulación institucional”, los cuales carecen de precisión jurídica y pueden abarcar expresiones legítimas: reportajes de denuncia, investigaciones periodísticas, sátira política, caricaturas o críticas al desempeño gubernamental.
Especialistas señalan que en delitos de “peligro” como los propuestos, la sola reacción social que genere un contenido puede tomarse como indicio de dolo, creando un entorno que inhibe la libertad de expresión y fomenta la autocensura.
El propio dictamen reconoce que el sistema de justicia potosino carece de capacidades técnicas para identificar si un contenido fue generado mediante IA, lo que abre espacio a errores, fabricaciones o interpretaciones discrecionales.
Además, los nuevos delitos se superponen con figuras ya existentes, como la Ley Olimpia digital y otras relacionadas con identidad o falsificación institucional, aumentando el riesgo de confusión, duplicidad y persecución múltiple.
Pese a la complejidad técnica y al impacto directo en derechos humanos, la Comisión Primera de Justicia dictaminó la iniciativa de manera apresurada, sin solicitar opinión especializada al Poder Judicial o a la Fiscalía General del Estado.
Este proceso acelerado refuerza las preocupaciones de que, bajo el discurso del combate a la desinformación, el Congreso —particularmente la bancada del Partido Verde— esté construyendo un instrumento penal para controlar, intimidar o sancionar voces críticas.
De aprobarse en el Pleno, la reforma podría permitir que cualquier funcionario molesto por una publicación, caricatura o investigación periodística denuncie penalmente al autor, provocando:
Cateos e incautación de equipos, citatorios y procesos judiciales, desgaste económico y emocional, y sobre todo, autocensura.
La iniciativa abre la posibilidad de que el Estado decida qué es desinformación, qué es crítica y qué es parodia, una facultad incompatible con la libertad de expresión y con el papel del periodismo en una democracia.
La reforma impulsada por legisladores del Partido Verde podría convertirse en la ley más agresiva contra la libertad de expresión en San Luis Potosí en la última década.
Aunque se presenta como una regulación tecnológica, su diseño y alcances permitirían al Estado perseguir, intimidar y silenciar el trabajo periodístico y la crítica pública, convirtiéndola en una auténtica ley mordaza disfrazada de modernidad digital.
